Corte Suprema tumba decreto de emergencia económica y social en La Guajira

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Pese a tomar esta decisión de tumbar este estado de emergencia, la Corte invitó al Gobierno y el Congreso adoptar las medidas necesarias para superar la crisis humanitaria que se vive en La Guajira.

Por: Redacción 360 Radio

Este lunes luego de una votación que culminó seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1085 de 2023, con el cual el Gobierno de Gustavo Petro buscaba llevar a cabo el estado de emergencia en La Guajira.

“Conceder efectos diferidos a esta decisión por el término de un (1) año, contados a partir de la expedición del Decreto 1085 de 2 de julio de 2023, respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua”, señaló la Corte en un comunicado.

Según la información entregada por esta entidad, este decreto no se caerá inmediatamente, sino que seguirá en firme hasta el 02 de julio del 2024, fecha en la que la Corte tendrá plazo para revisar los demás ítems que salieron de la emergencia y poder adoptar medidas.

Pese a tomar esta decisión de tumbar este estado de emergencia, el cual fue presentado por la magistrada Natalia Ángel Cabo, la Corte invitó al Gobierno y el Congreso adoptar las medidas necesarias para superar la crisis humanitaria que se vive en La Guajira actualmente.

“Se espera que se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país”, aseveró esta entidad.

De igual manera, hizo un llamado para que se logre fortalecer las instituciones para lograr superar los problemas que podrán generar el climático, y se asignen los recursos que las circunstancias demanden.

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Por su parte, el pasado 30 de agosto desde la Procuraduría General de la Nación le habían solicitado a la Corte Constitucional tumbar el decreto, pues advertían que esto le daba instrumentos al presidente Petro para conseguir facultades legislativas excepcionales.

“Resulta inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia”, aseveró la Procuraduría en aquel momento.

De igual manera, el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, mencionó que era importante que desde esta organización realizarán una caracterización de toda la población, y se planteen diferentes estrategias para estas 12.000 personas que se encuentran en este sector del país.

“Se debe por la definición si es posible que se queden o serán reubicados, para posteriormente buscar soluciones a la falta de agua potable, se evacuen las aguas negras y los cúmulos de basuras para garantizar la vida de esta comunidad y poder trazar un plan de acción para el restablecimiento de sus derechos”, expresó Sarmiento.

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