Crisis en Cauca: ultimátum de la Procuraduría y nueva masacre desafían al gobierno

A raíz de la creciente ola de violencia que vive el Cauca, la Procuraduría a través de una carta enviada el viernes 22 diciembre, dio un plazo no mayor a tres días para que el ministro de Defensa tome las medidas necesarias para detener las masacres en el país.

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En el corazón de la región colombiana de Cauca, una sombra de violencia y tragedia se cierne sobre sus comunidades. La reciente muerte del alcalde de Guachené, Élmer Abonía Rodríguez, ha desencadenado una serie de acontecimientos que han llevado a la Procuraduría a emitir un ultimátum al Ministerio de Defensa, instando al gobierno de Gustavo Petro a enfrentar la creciente ola de violencia que afecta al departamento.

Llamado urgente: Cauca exige respuestas ante la violencia desatada

En una carta contundente, el procurador Sarmiento ha solicitado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que presente en un plazo de tres días un informe detallado con estrategias concretas. Este llamado se produce en medio de la consternación por los ataques armados que han dejado seis personas muertas en diciembre, creando una atmósfera de temor y desesperación entre los habitantes de Cauca.

La gota que colmó el vaso fue el asesinato de Abonía Rodríguez. Supervisando una obra en Guachené, el alcalde fue atacado por sujetos armados, resultando en su muerte y la de uno de sus escoltas. Este trágico incidente ha elevado las tensiones y ha llevado a la Procuraduría a no solo exigir medidas inmediatas para enfrentar la violencia en Cauca, sino también a instar a una investigación exhaustiva para esclarecer este crimen.

Además, la Procuraduría hace referencia a otra tragedia en Santander de Quilichao, donde tres personas fueron asesinadas en Carbonero y dos más en Vilachí. Las víctimas, identificadas como el profesor John Freiman Ramos, su esposa Yisel Mensa y una de sus hijas, Davison Fernández Ramos y Jesús David Labio Ramos, han ampliado la indignación y la necesidad de respuestas concretas.

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Según la fundación Indepaz, los responsables de estos actos violentos podrían ser las disidencias de las FARC, específicamente los frentes Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, además de la presencia del ELN en la zona. Esta compleja red de violencia exige una respuesta integral por parte del Gobierno, no solo para enfrentar los hechos consumados sino también para prevenir futuros episodios.

La nación colombiana está en vilo, esperando una respuesta inmediata del Ministerio de Defensa, mientras la Procuraduría busca garantizar la vida e integridad de la población civil en medio de una espiral de violencia que clama por soluciones contundentes. La capacidad del Gobierno de Gustavo Petro para restablecer la paz en la región está siendo puesta a prueba, y el destino de Cauca parece depender de la rapidez y eficacia de las acciones gubernamentales.

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