¿Cuál es el contexto?: La Aeronáutica Civil (Aerocivil) afronta una severa crisis administrativa interna en medio del proceso de transición gubernamental. La controversia estalló tras la dimisión irrevocable de una funcionaria de alta confianza, quien denunció intimidaciones para viabilizar un millonario proceso de contratación directa. El caso ha escalado rápidamente, provocando una ola de inconformidad entre el personal de la institución, que ahora exige de manera formal la salida de la cúpula directiva.
Narda Duperly Roa Ibarra, quien se desempeñaba como asesora de la Dirección General y de la Oficina Jurídica, además de coordinar el área de Gestión Documental, oficializó su retiro irrevocable mediante una carta remitida a Luis Alfonso Martínez Chimenty, director encargado de la institución. En la misiva, Roa argumentó que su integridad emocional se vio fuertemente afectada por presuntas conductas de acoso laboral perpetradas por otros servidores de la entidad.
El eje central de su reclamación radica en el supuesto constreñimiento para autorizar los análisis de conveniencia de un esquema de contratación de asignación directa que supera los 12.000 millones de pesos. Según expuso la exasesora, existían serias dudas sobre el sustento legal de este proyecto, reparos que dejó registrados en los canales de comunicación institucionales antes de su salida.
Contratos de la Aerocivil bajo sospecha: Radares, vigilancia y el polémico sistema Control-DOC
Las inconsistencias técnicas y económicas bajo la lupa se resumen en los siguientes puntos clave:
Inexplicable incremento presupuestal: El proyecto inicial, enfocado únicamente en el licenciamiento de un sistema documental, estaba tasado originalmente en 400 millones de pesos. Sin embargo, la nueva propuesta saltó abruptamente a los 12.000 millones de pesos bajo el argumento de implementar una plataforma tecnológica denominada Control-DOC.
Cronograma apresurado: Aunque el proceso contractual todavía no figura en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), la proyección institucional apuntaba a concretar la firma el próximo 14 de agosto, con un periodo de ejecución fijado hasta el 21 de diciembre de 2026.
Afectación de salud: La exfuncionaria reveló que las persistentes coacciones le provocaron reiteradas incapacidades médicas, deteriorando su entorno de trabajo. No obstante, ratificó su disposición para llevar a cabo un empalme ordenado.
La dimisión de Roa Ibarra desató un efecto dominó dentro de la organización. En las últimas horas, diversos colectivos de trabajadores comenzaron a difundir mensajes masivos a través de canales internos de comunicación en los que califican la gestión actual como un «botín político y económico».
«A pocos días de que se consolide el cambio de administración nacional, ningún servidor público debe convertirse en cómplice, por acción u omisión, de presuntas dinámicas corruptas», reza uno de los manifiestos internos que circulan con fuerza.
En las comunicaciones del personal se cuestiona severamente una directriz reciente que autoriza el avance de trámites contractuales durante los fines de semana. Asimismo, los empleados alertan sobre otros dos macroproyectos que despiertan suspicacias: una licitación para la seguridad y vigilancia de terminales aéreas valorada en 79.000 millones de pesos donde se reclama que debió hacerse una adición al contrato vigente en lugar de abrir una nueva convocatoria y un plan presupuestal destinado a la renovación de sistemas de radar.
La tensión operativa escala a medida que las bases de la Aerocivil solicitan formalmente que el director encargado, Martínez Chimenty, dé un paso al costado para blindar la transparencia de la entidad durante la entrega de cuentas al gobierno entrante. Hasta el momento de esta publicación, la entidad aérea no ha emitido un pronunciamiento corporativo para desvirtuar las acusaciones.
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