Por: Miguel Gómez Martínez
Cuando el 7 de agosto de 1990 en su discurso de posesión, César Gaviria Trujillo delineó el fin del modelo intervencionista y apostó por la apertura e internacionalización de la economía, nadie esperaba que el debate sobre el modelo de desarrollo colombiano pasara al cajón del olvido. Al igual que muchos otras naciones de la región, el gobierno Gaviria adoptaba el neoliberalismo del Consenso de Washington y el desmonte de buena parte de los instrumentos de intervención en la economía. Colombia se abría al comercio exterior, privatizaba empresas públicas, estimulaba la competencia y desmontaba los subsidios que habían sido las principales características del modelo cepalino de desarrollo implementado por el país con el inicio del Frente Nacional a finales de los años 50.
En la euforia del neoliberalismo gavirista, la idea de contar con un modelo de desarrollo parecía anacrónica. Lo importante era dejar que el mercado definiera los ganadores y perdedores con la menor injerencia del Estado, considerado entonces como el causante de todos los males de la economía. La Constitución de 1991 convirtió al Plan de Desarrollo en un compendio de proyectos prioritarios, pero sin la ambición de definir una hoja de ruta para la economía. El DNP se transformó en un coordinador de las políticas de turno perdiendo su papel como centro de reflexión sobre las políticas públicas que deberían llevarnos al desarrollo.
Hoy, casi tres décadas más tarde, en la ola populista de izquierda que azota al país, son muchos más los que claman por una fuerte intervención del Estado que quienes defienden la competencia y los mercados. Sorprende además que sean los gremios y los empresarios los que exigen menos competencia y más controles. La verdad es que Colombia, al optar por la internacionalización de su economía asumió que, de forma simultánea, debía abandonar la idea de contar con un modelo de desarrollo. Tener una economía abierta no quiere decir que no se puedan definir áreas prioritarias y estratégicas de acción. Tener planeación es una prioridad cuando hay escasez de recursos y su orientación debe ser objeto de una cuidadosa asignación.
El modelo de desarrollo tiene que ser objeto de un consenso político que lo excluya del desgaste de la competencia partidista. Debería ser un instrumento que fije unas políticas de Estado que trasciendan los gobiernos y permitan fijar objetivos de largo plazo. Tener una agricultura competitiva, mejorar la calidad de nuestro recurso humano, modernizar la infraestructura son algunas prioridades que deberían ser estables y caracterizar los programas de desarrollo de todos los gobiernos.
Un modelo de desarrollo define lo que el país aspira ser en el concierto económico mundial. No se trata de definir desde el Estado lo que se puede hacer. Tampoco debe ser una camisa de fuerza que limite la libertad empresarial. Siempre debe haber la mayor cantidad de competencia y de riesgo en los negocios. Pero hay que contar con un derrotero sobre lo que es prioritario y estratégico. Hay temas que son nacionales en el sentido más profundo de la palabra. Esos programas estables y estructurados, deben ser las columnas vertebrales de nuestra visión del futuro.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad única de volver a definir un modelo de desarrollo para Colombia.