Durante la presentación oficial de una nueva coalición política que agrupa al Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso, el exsenador Jorge Enrique Robledo reveló una situación que ha generado controversia y reavivado el debate sobre la protección estatal a líderes políticos: la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió retirarle la camioneta blindada que hacía parte de su esquema de seguridad y reemplazarla por un vehículo sin blindaje.
El anuncio se produjo en medio de un evento clave para la reconfiguración política del país, en el que Robledo, junto con Juan Manuel Galán y representantes del partido Mira, presentó esta alianza como una alternativa de centro con miras a las elecciones presidenciales y regionales de 2026.
Sin embargo, el acto se vio matizado por la denuncia del exsenador, quien no dudó en calificar la decisión del Gobierno como una señal preocupante para quienes ejercen oposición.
“A mí me acaba de llegar una carta de la Unidad Nacional de Protección quitándome la camioneta blindada y ofreciéndome una camioneta corriente. Ese es el gobierno en el que estamos”, expresó Robledo con tono crítico, aludiendo a una posible represalia política.
Polémica por la protección de Jorge Enrique Robledo y el costo de las camionetas blindadas en Colombia
Qué representa una camioneta blindada para el Estado: Más allá del impacto político, el caso plantea una pregunta clave: ¿cuánto le cuesta al Estado colombiano asignar una camioneta blindada a un líder político?
Según cifras reveladas por la propia UNP y organismos de control como la Contraloría General de la República, una camioneta blindada de nivel 3 o 4 puede costar al Estado entre 500 y 700 millones de pesos, dependiendo del modelo, los niveles de blindaje y la duración del contrato de arrendamiento. A esto se suman los costos operativos: gasolina, mantenimiento, pago de escoltas (en promedio entre 8 y 10 millones de pesos mensuales por escolta) y logística asociada.
En el caso de Jorge Enrique Robledo, quien fue senador de la República por más de 20 años y ha sido un referente crítico tanto del uribismo como del actual gobierno de Gustavo Petro, la UNP había mantenido el vehículo blindado como parte de un esquema que consideraba los antecedentes de riesgo por sus posturas políticas.
Sin embargo, la reciente decisión de asignarle una camioneta convencional plantea dudas sobre si hubo una reevaluación objetiva de su nivel de riesgo o si, como él sugiere, se trata de un acto con motivación política.
Seguridad en tiempos de incertidumbre: Este debate ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de figuras públicas, luego del atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El ataque, perpetrado por un menor de edad durante un mitin político en el barrio Modelia, dejó al senador gravemente herido y actualmente permanece en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe.
A raíz de este atentado, la UNP anunció el reforzamiento de los esquemas de protección para al menos seis precandidatos presidenciales, entre ellos Paloma Valencia, Claudia López, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, David Luna y Vicky Dávila. Esta última, periodista y figura pública, ahora contará con protección directa de la Policía Nacional.
La medida fue informada el 20 de junio por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, tras una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño, en la que participaron los ministros del Interior y de Defensa, así como altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía. Allí se acordó revisar integralmente las estrategias de protección para el periodo electoral que se avecina.
Críticas y dudas sobre la imparcialidad de la UNP: Las declaraciones de Jorge Enrique Robledo no son aisladas. En las últimas semanas, otros líderes políticos han reportado modificaciones en sus esquemas de seguridad, generando sospechas sobre la posible politización de las decisiones de la UNP.
El propio director de la entidad, Augusto Rodríguez, ha tenido que salir al paso de las críticas, especialmente después de conocerse que el esquema de seguridad de Miguel Uribe tenía vulnerabilidades. En el momento del ataque, el equipo de escoltas no estaba completo debido, según Rodríguez, a ajustes en la agenda del protegido y a decisiones internas de logística.
“Por situaciones inherentes a esa dinámica, unas relacionadas con el propio protegido y otras con el número de personas, que eran siete, no eran suficientes”, explicó el funcionario.
Estas explicaciones no han sido suficientes para calmar las aguas. Diversas voces han cuestionado la falta de previsión y la lentitud con la que se han respondido a las alertas, además de denunciar posibles sesgos en la evaluación de riesgo que hace la entidad.
Una coalición en construcción: Mientras tanto, la coalición formada por el Nuevo Liberalismo, Mira y Dignidad y Compromiso busca abrirse camino como un bloque de centro que no se alinee ni con el gobierno de Gustavo Petro ni con el uribismo. Esta nueva plataforma política aspira a captar el voto de quienes se sienten huérfanos del centro político y frustrados con la polarización.
El episodio con Robledo, más allá de su impacto personal, ha terminado convirtiéndose en un símbolo del clima de tensión e inseguridad que rodea la política nacional. Si bien los recursos del Estado deben ser usados con responsabilidad y en función de criterios técnicos, el manejo de la seguridad no puede convertirse en una herramienta de retaliación o premio político.
En medio de las amenazas latentes, el caso de la camioneta blindada de Jorge Enrique Robledo invita a una reflexión más amplia: ¿se están tomando las decisiones de seguridad con base en criterios objetivos o está primando la conveniencia política? Una pregunta clave en tiempos de campañas intensas, tensiones ideológicas y riesgos crecientes.
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