Daniel Quintero es denunciado por pánico económico

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Por: Redacción 360 Radio

Ante la Fiscalía General de la Nación fue denunciado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presuntamente cometer el delito de pánico económico. La acusación fue interpuesta por el concejal del Centro Democrático, Carlos Ríos.

El recurso está basado en las declaraciones que dio el mandatario en el marco del debate por la venta de acciones de EPM tiene en UNE, discusión dada en el Concejo de Medellín. El denunciante asegura que Quintero dio información falsa, perjudicando a la compañía de servicios públicos.

“Denunciamos al alcalde Daniel Quintero por pánico económico por sus afirmaciones falaces, irresponsables y mentirosas con respecto a la enajenación de las acciones de Empresas Públicas de Medellín en UNE”, menciona el concejal opositor, quien detalla la denuncia en varios puntos.

En primer lugar, se recopilaron todos los trinos de Daniel Quintero donde menciona que el distrito habría sufrido presuntamente un detrimento patrimonial ante la negativa del Concejo de Medellín para aprobar la enajenación de acciones.

“Estas son informaciones totalmente falaces, que generan desconfianza en clientes, usuarios, inversionistas o accionistas; al hacerles creer situaciones negativas de mercado que no se han presentado en la realidad”, menciona Ríos en su Twitter.

Más adelante, en el recurso se afirma que Quintero señaló otras empresas del sector privado e invitó a nacionalizar UNE, sin ninguna competencia en ese sentido.

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El Concejo de Medellín rechazó la venta de acciones de EPM en UNE 5 veces, donde los concejales que votaron negativamente argumentan no tener garantías sobre la destinación de casi 3 billones de pesos.

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¿Qué es el delito de pánico económico?

De acuerdo con el artículo 302 del Código Penal (Ley 599 de 2000), el delito de pánico económico consta de una conducta en la que incurre toda persona que “divulgue al público o reproduzca en un medio o en un sistema de comunicación público información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de los clientes, usuarios, inversionistas o accionistas” de una empresa, contemplando penas de prisión de entre 32 y hasta 144 meses, así como multas de hasta 750 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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