El abogado Uriel Amaya, representante de algunos de los implicados en el caso de la Refinería de Cartagena (Reficar), afirmó que tomarán acciones jurídicas por la decisión de la Contraloría de dejar en firme la millonaria sanción por aparentes hechos de corrupción en el proyecto energético.
Por: Redacción 360 Radio
El abogado se refirió a una demanda ante jueces de lo contencioso Administrativo que no se descartar sea el Consejo de Estado, después de asegurar que hubo irregularidades dentro del proceso que adelantó la Contraloría.
“Actuaciones contrarias a la ley y el fallo mismo está viciado de esas irregularidades. Por ejemplo, el supuesto daño que se configuró corresponde a un análisis financiero cuestionable que se inventó la Contraloría”, explicó el abogado.
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El fallo sostiene que hubo daños patrimoniales a los intereses del Estado, derivados del manejo de recursos públicos que “conllevaron a la pérdida de valor de las mayores inversiones en el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Cartagena, al aprobarse las adiciones de recursos CAPEX en exceso sobre los niveles acordes con la remuneración del capital aportado al proyecto a su costo de oportunidad”.
El abogado indicó que los dineros que se adicionaron están invertidos en la obra, por lo que “” no hubo un solo peso que se hubiera perdido. El inexistente daño patrimonial se demostró con dictámenes periciales”.
El fallo de la Contraloría General de la República es por un total de 2,9 billones de pesos en contra de cinco exfuncionarios de Reficar, siete miembros de su junta directiva y cuatro contratistas, por hechos de corrupción detectados en ese proyecto.