La Corte Constitucional recibió una demanda en contra de la ley 2064 de 2020, con la que fue decretada la estrategia para la inmunización de la población contra el covid-19, que permitió el Plan Nacional de Vacunación.
Por: Redacción 360 Radio
La demanda fue presentada por el grupo Veeduría Ciudadana por la Verdad, argumentando que el plan estaría violando la constitución y pondría “en riesgo la vida de los pacientes que tomen la decisión de vacunarse”.
Según la demanda, la situación se presenta “al exonerar a las farmacéuticas de cualquier responsabilidad por efectos adversos en las vacunas” y cuestionó la efectividad de las vacunas al haberse desarrollado con rapidez.
La demanda sustenta que el ministro Fernando Ruiz manifestó que “este punto se redactó así, porque la vacuna se está desarrollando con gran rapidez y las farmacéuticas están pidiendo esta exoneración”.
La Veeduría Ciudadana por la verdad advirtió que deben “fortalecer las actividades de farmacovigilancia de las vacunas seleccionadas, al establecer en coordinación con los laboratorios productores y en el momento de la adquisición de las mismas, protocolos de seguimiento estrictos y cercanos que se implementen en el país y se garanticen estrategias para la minimización y mitigación del riesgo”.
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Además, señalaron que el Gobierno estaría incumpliendo con el principio de transparencia y control ciudadano, por no hacer públicos los contratos firmados con las farmacéuticas para adquirir las vacunas contra el coronavirus.
La veeduría uso el ejemplo de Canadá, donde “los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer y BioNTech, que le han llevado a tomar la decisión de aprobar este medicamento. Como indican desde su Ministerio de Sanidad, en su compromiso con la “transparencia” han decidido hacer públicos estos datos para que la población pueda conocerlos de primera mano”.
El Plan Nacional de Vacunación en Colombia comenzó esta semana tras la llegada del primer lote de vacunas por parte de Pfizer.