Hay un país que aparece en los informes, en las estadísticas y en los escritorios donde se toman las decisiones.
Y hay otro que despierta antes del amanecer para sacar adelante una cosecha, recorrer kilómetros por una vía en mal estado, esperar una cita médica o ver cómo un proyecto que transformaría su municipio se queda detenido por falta de recursos.
Ese segundo país es el que más conozco.
Durante años he recorrido municipios, veredas y ciudades convencido de una verdad sencilla: Colombia no necesita que las regiones hablen más duro. Necesita que el Estado las escuche mejor.
Durante décadas hemos pretendido gobernar un país inmensamente diverso desde un solo lugar. Como si las mismas soluciones sirvieran para todos los territorios. Como si las necesidades de un municipio rural fueran iguales a las de una gran ciudad. Como si quienes toman las decisiones conocieran mejor las prioridades de una región que quienes la viven todos los días.
No existe un ministerio que conozca mejor las necesidades de un municipio que su propio alcalde. No existe un escritorio que entienda mejor las prioridades de un departamento que quienes recorren sus carreteras, visitan sus escuelas o trabajan diariamente con sus comunidades.
Por eso la descentralización no puede seguir siendo una promesa repetida en cada campaña electoral. Debe convertirse en una verdadera política de Estado.
Hoy Colombia tiene una oportunidad histórica con la discusión de la nueva Ley de Competencias.
No se trata simplemente de distribuir funciones entre la Nación y las entidades territoriales. Se trata de redefinir la relación entre el Estado y las regiones. De construir un modelo en el que las decisiones se tomen más cerca de la gente y en el que cada responsabilidad venga acompañada de los recursos necesarios para ejercerla.
No podemos seguir trasladando obligaciones a los territorios sin garantizarles la capacidad financiera para cumplirlas. Esa fórmula solo profundiza las desigualdades y limita el desarrollo de quienes más necesitan un Estado eficiente y cercano.
Fortalecer a las regiones no significa debilitar al Gobierno Nacional. Significa fortalecer a Colombia. Porque un país funciona mejor cuando sus departamentos y municipios tienen la capacidad de resolver los problemas de su gente con oportunidad, eficiencia y responsabilidad.
La autonomía territorial debe ir siempre de la mano de la transparencia, el control y la rendición de cuentas. Descentralizar no es renunciar a la vigilancia del Estado; es permitir que las soluciones lleguen donde realmente se necesitan.
Desde esta curul en el Senado de la República estaremos dispuestos a construir una Ley de Competencias que responda a las necesidades reales del país. Una ley que fortalezca a los territorios, brinde seguridad jurídica, distribuya de manera justa las responsabilidades y garantice los recursos para hacerlas realidad.
Por eso hago un llamado respetuoso, pero urgente, al Gobierno Nacional: Colombia necesita la Ley de Competencias. No podemos seguir aplazando una reforma que permitirá cerrar brechas, fortalecer la descentralización y hacer más eficiente la gestión pública en beneficio de millones de colombianos.
Las mejores decisiones no nacen únicamente de los debates en el Congreso. Nacen de escuchar. De recorrer el país. De entender que ninguna oficina, por importante que sea, puede conocer mejor los desafíos de un territorio que quienes viven en él.
Las regiones no piden privilegios.
Piden confianza.
Piden autonomía.
Piden los recursos necesarios para responderle a su gente.
Y, sobre todo, piden algo que nunca debió faltarles: ser escuchadas.
Porque Colombia no se construye desde un solo lugar. Colombia se construye cuando cada territorio tiene la capacidad de decidir, de ejecutar y de transformar la vida de su gente.
Ese será siempre mi compromiso.
La 10 por Colombia.
Por: Óscar Sánchez León – @OscarSanchez10_
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