Desunión política y judicial entre Bogotá y Antioquia por caso de Aníbal Gaviria

Si hay algo en común que tienen todas las personas que se han opuesto a la orden de captura del gobernador de Antioquia, es que si bien ninguno pretende que se absuelva a Gaviria de lo que se lo acusa, todos sí se alejan radicalmente de la decisión de dejar a un departamento sin gobernador en un momento como este, en especial cuando se trata de un procedimiento que no cuenta con una sentencia.


Confidenciales 360 Radio

Si bien en Bogotá tuvieron previo conocimiento de la orden de captura en contra del gobernador Aníbal Gaviria, logrando estipular y estimar ciertos efectos, lo cierto es que esta decisión sin precedentes no se la esperaba el mandatario antioqueño.

Hoy no son solamente las diferentes cámaras de comercio que existen en el departamento las que han rechazado la orden de captura en contra del gobernador. Gran parte del empresarismo más importante también se ha sumado a este desacuerdo.

Varios gremios a nivel académico, desde el grupo de las 8 universidades más importantes del departamento, además de todo el estamento diplomático, político, científico y hasta deportivo han rechazado la decisión proferida en contra Aníbal Gaviria.

Hay algo que tienen en común las anteriores manifestaciones: si bien ninguno pretende que se absuelva al exalcalde de Medellín de lo que se lo acusa, todos se alejan radicalmente de la decisión de dejar a un departamento como Antioquia sin gobernador en un momento como este.

Especialmente cuando se trata de una orden de captura que no cuenta con una sentencia por parte de quien corresponde juzgar las actuaciones del primer mandato de Aníbal Gaviria como gobernador del departamento.

Eso ha servido para toda clase de distanciamientos, pero es claro que sí ha tenido un enfoque político y judicial.

En lo judicial, porque incluso personas de distintos sectores en Bogotá han rechazo y han manifestado su desacuerdo con esa decisión.

No solamente lo han hecho saber al fiscal Barbosa, sino también al presidente Iván Duque.

Y en lo político, porque el mandatario colombiano, en algún momento de desconexión con la realidad, pensaba nombrar gobernador encargado a personas absolutamente divorciadas del contexto de Antioquia.

Como si fuera poco, no se entiende cómo el presidente Duque no le advierte a Francisco Barbosa lo que esa decisión podría generar o que por lo menos le hubiera sugerido proceder con la captura hasta que hubiera una sentencia condenatoria, porque por más que se quiera creer a la gente un poco díscola o atortolada, esta situación pudo haberse evitado.

Lo legalistas dirán que el presidente no tiene por qué intervenir en este tipo de procedimientos, pero todos sabemos que más allá de la justicia y la legalidad existen maneras, formas, tacto y actuaciones que hay que tener en cuenta, que son vitales y mucho más convenientes, en vez de despertar más líos en un país que está destrozado de adentro hacia afuera por cuenta de esta pandemia.

De manera que, a nivel político las distancias van a aumentar; ya hay desconfianza y hasta el momento no se sabe quién pudo haber presionado a la Fiscalía para que llevara a cabo esta orden de captura en contra del gobernador Gaviria.

Sigue sin comprenderse la decisión del fiscal y la forma en la que ha procedido el presidente Iván Duque.

A nivel judicial, la misma Corte Suprema de Justicia sigue atacando a más figuras antioqueñas, que insistimos, independiente de que sean culpables o no (porque hasta la fecha no se conocen fallos), Antioquia vivió la captura de Luis Alfredo Ramos y hoy después de 5 años sigue sin conocerse cuáles son las decisiones en su contra.

Al parecer se ha vuelto reiterativo, por parte de la Corte Suprema, capturar antioqueños sin dictar sentencias y para el caso particular de Gaviria, con colaboración de la Fiscalía.

Para no ir muy lejos, el fallecido exsenador Manuel Ramiro Velázquez, quien murió sin conocer si era culpable o inocente de los delitos que lo acusaban…

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