El proyecto de ley que busca la prohibición del fracking en Colombia fue radicado en el Congreso de la República con mensaje de urgencia del Gobierno Petro, dado que esta ha sido una de sus grandes banderas.
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No obstante, el trámite exprés abre más preguntas que respuestas sobre el futuro energético y fiscal del país. La iniciativa del Ministerio de Ambiente limita la exploración en yacimientos no convencionales justo cuando los indicadores de reservas y regalías piden prudencia, no prohibiciones absolutas.
La ministra Lena Estrada aseguró que “el fracking no solo contamina, también enferma y destruye”. Sin embargo, un proyecto de ley no puede basarse solo en consignas ambientales sin medir impactos económicos, sociales y de seguridad energética. En un contexto de déficit de gas proyectado desde 2027 y dependencia de importaciones, cerrar la puerta a toda opción técnica luce más ideológico que estratégico.
“Esta ley nace del mandato ciudadano de cuidar nuestro territorio. Es una respuesta ética a una amenaza que pone en peligro la vida. El fracking no solo contamina, también enferma y destruye. Es por esto que la Ley Antifracking defiende el derecho a vivir sanamente, a proteger el agua y a respetar la madre tierra”, afirmó la ministra.
¿Qué plantea la prohibición del fracking en Colombia y por qué el afán?
El Gobierno radicó el proyecto de Ley 150 con mensaje de urgencia, reduciendo los tiempos de discusión parlamentaria. Este recurso acelera decisiones que deberían tomarse con cifras, audiencias regionales y alternativas claras de transición. El apuro coincide con la agenda climática previa a la COP30, pero el calendario internacional no debería dictar la política energética interna.
La prohibición del fracking en Colombia impediría cualquier proyecto en yacimientos no convencionales. A diferencia de moratorias temporales, que permiten ajustes regulatorios—, una prohibición total puede generar arbitrajes internacionales, pérdida de inversión y menor exploración en general, afectando incluso operaciones convencionales por efecto de señal.
Esa posibilidad ya ha ocurrido en otros países donde los giros normativos espantaron capital.
Riesgos de la prohibición del fracking en Colombia para la economía y el empleo
Alrededor del 75 % del presupuesto del Sistema General de Regalías proviene de hidrocarburos; cortar opciones futuras debilita esta fuente antes de asegurar reemplazos. Además, solo en bienio 2023 – 2024, el 56,28 % del recaudo real de regalías vino de petróleo y gas. ¿Quién financiará la inversión social si el flujo cae más rápido de lo que la transición compensa?
Las reservas probadas muestran que el país tiene 7,2 años de autosuficiencia en petróleo y apenas 5,9–6,1 años en gas, según los informes más recientes de la ANH y el Gobierno.
La UPME advierte que desde 2027 Colombia podría depender del mercado internacional de gas. Apostar todo a importaciones —Venezuela incluida— expone al país a riesgos geopolíticos y de precio.
En regiones petroleras, miles de empleos directos e indirectos dependen de la cadena de hidrocarburos. Sin un plan robusto de reconversión laboral y créditos para pymes locales, la medida puede agravar la informalidad y el descontento social.
Lecciones internacionales: del vaivén británico al fallo francés
Francia prohibió el fracking y su Consejo Constitucional ratificó la ley en 2013. Sin embargo, el Reino Unido ha ido y venido: moratoria en 2019 por riesgos sísmicos, levantamiento parcial en 2022 ante la crisis energética, y nuevos debates por seguridad de suministro.
La política energética es dinámica; los países ajustan su postura según su matriz, reservas y coyuntura.
Si bien estudios emblemáticos como el de la Universidad de Duke hallaron hasta 17 veces más metano en pozos de agua cercanos a áreas de fracking en Pensilvania. Y la EPA concluyó que cada etapa del ciclo del agua puede afectar fuentes de consumo humano si no hay controles rigurosos. Pero el propio informe subraya que la magnitud del impacto depende de prácticas específicas y del cumplimiento de estándares.
También es cierto que la técnica consume millones de litros de agua por pozo, con rangos de 4 a más de 15 millones de galones según la USGS. Pero el consumo varía por formación y se puede regular con límites, recirculación y tratamiento de aguas de retorno. Criminalizar la técnica sin diferenciar contextos oscurece el debate.
La prohibición del fracking en Colombia debería ir acompañada de un plan cuantificado: ¿cuántos MW renovables instalará el país por año?, ¿qué incentivos fiscales reemplazarán las regalías perdidas?, ¿cómo se financiarán redes eléctricas y almacenamiento?, ¿qué metas de eficiencia energética reducirá la demanda de gas? Sin esas respuestas, la ley es un salto al vacío.
Además, el metano es un potente gas de efecto invernadero —hasta 80 veces más que el CO₂ a corto plazo—, pero reducirlo requiere atacar fugas en toda la cadena, no solo prohibir una técnica.
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