Los 9.3 % de la sobretasa en renta del sector minero-energético configuran el mayor disparate que pueda plantear esta reforma tributaria, no entendemos aún cómo la ministra de Minas Irene Vélez, la ministra de Ambiente Susana Muhamad y el mismo presidente Gustavo Petro encuentran esta propuesta razonable.
EDITORIAL
Nuestro editorial para hoy 1 de noviembre quiere analizar el estudio que recientemente publicó Fedesarrollo sobre la tasa efectiva de tributación del sector minero-energético, que con una sobretasa de diez puntos porcentuales subirá del 36 % al 65.2 %, lo que significa un aumento de 29.2 puntos porcentuales.
Esta locura aún está a tiempo de detenerse, y solo basta con acudir a los números, a la ciencia, al sentido común y casi que al instinto de supervivencia porque pareciera absolutamente imposible creer que el Gobierno de Gustavo Petro quiera pegarse un tiro en la cabeza desechando todos los ingresos que se producen en este sector minero-energético, intentar marchitarlo a través de unos tributos que son confiscatorios, solamente 17.5 puntos porcentuales de la no deducibilidad de regalías son un exabrupto.
Los 9.3 % de la sobretasa en renta del sector minero-energético configuran el mayor disparate que pueda plantear esta reforma tributaria, no entendemos aún cómo la ministra de Minas Irene Vélez, la ministra de Ambiente Susana Muhamad y el mismo presidente Gustavo Petro encuentran esta propuesta razonable. Quisiéramos creer que el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo esta en desacuerdo con eso, quisiéramos pensar que está exponiendo objeciones a este proyecto.
Es una reforma, como lo indica Fedeserrollo, que podría reducir la producción de petróleo anual en promedio en 82.000 barriles por día, entre el 2023 y el 2030; dando lugar a una caída máxima en la producción de 109.000 barriles al día, que es la planeación que se tiene hacia el 2030. Se afectaría en gran manera el sector minero-energético.
Además, ya es suficiente no contar con la posibilidad de explorar y operar los yacimientos offshore, más conocidos como fracking, que por lo menos podrían incrementar 143.000 barriles por día de producción, lo que serían 309.000 barriles el 2030.
Cómo no identificar a los departamentos que más perjudicados se verían por cuenta de estas decisiones: Casanare, Putumayo, Guainía. Afectará el PIB de cada uno de esos departamentos en donde el sector minero-energético impacta positivamente con empleos, formales, ¿qué va a hacer el Estado para reemplazarlos?, ¿va a permitir que las estructuras ilegales como el Eln entren a operar allí?
Si el Gobierno quisiera poner algo sobre la mesa para negociar, antes que nada, retirar el absurdo de que los proyectos no puedan descontar las regalías para los propósitos de pago en el impuesto de renta. Y es que las regalías no son un ingreso para las empresas del sector, se trata de una contraprestación al Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables, no impactan ni configuran un aumento en la renta líquida, ordinaria de las empresas.
Sería un muy primer paso si el Gobierno fuera sensato y desmontara este punto de la reforma tributaria.