La crisis financiera que atraviesa la empresa eléctrica Air-e ha encendido las alarmas en el sector energético. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) lanzó una fuerte advertencia al Gobierno nacional: la deuda generada desde la intervención estatal a la compañía en septiembre de 2024 asciende a $1,5 billones y está comprometiendo gravemente la estabilidad del servicio eléctrico en la región Caribe.
Panorama general: El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, reaccionó con firmeza a las recientes declaraciones del Gobierno, que se negó a asumir el total de la deuda de Air-e —estimada en $2 billones— bajo el argumento de que las obligaciones se originaron antes de que la empresa fuera intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.
Sin embargo, Castañeda fue enfático al precisar que la mayor parte de la deuda se ha acumulado precisamente tras la intervención del Estado, lo que en su criterio convierte al Gobierno en responsable directo del pasivo creciente. “Desde que el Gobierno interviene a Air-e, la deuda acumulada son $1,5 billones. Eso es lo que estamos diciendo: que el Gobierno tiene que ponerse al día y pagar la deuda corriente de su intervención”, declaró.
Andeg advierte colapso del sistema eléctrico en la Costa Caribe por deuda de Air-e
La situación financiera ha puesto en jaque a las empresas generadoras de energía, que advierten sobre la imposibilidad de seguir operando sin pagos oportunos. “Sin pagos a los generadores, no se puede garantizar la prestación del servicio eléctrico”, subrayó el dirigente gremial.
Por qué es importante: El presidente de Andeg explicó que el efecto dominó que genera el impago de Air-e está afectando a toda la cadena de suministro energético. “Eso es lo que no permite que haya un flujo normal de recursos. Por ende, toda la cadena está apretada, viendo cómo la empresa acumula día a día más deudas, y el Gobierno no hace gestión para asumir esos saldos”, explicó Castañeda.
El gremio también exigió a la Superintendencia de Servicios Públicos que asuma su responsabilidad en el manejo de la crisis. Según Castañeda, la entidad debe tomar cartas en el asunto y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Air-e con las empresas del sector.
En medio del debate, también se aclaró la proporción de la deuda atribuible a los antiguos dueños de Air-e. De los $2 billones adeudados, solo $500.000 millones corresponden a compromisos previos a la intervención. La definición sobre el tratamiento de esta parte de la deuda quedará en manos de la Superintendencia, una vez se tome una decisión de fondo sobre el futuro de la empresa.