La situación financiera del sistema de salud colombiano continúa generando presión sobre hospitales, clínicas e IPS. Un informe de la Contraloría General de la República, publicado en agosto de 2026 con información correspondiente a 2025, identificó obligaciones reportadas por las EPS por $58,06 billones al cierre de ese año.
La cifra representa un incremento de $12,17 billones frente a los $45,89 billones registrados en 2024, equivalente a un aumento de 26,5%. Sin embargo, el organismo de control hace una precisión: este monto no puede interpretarse directamente como cartera vencida o como una deuda exigible en su totalidad por parte de las IPS.
Del total informado por las EPS, $36,11 billones correspondían a obligaciones conocidas pero que todavía no habían sido facturadas o provisionadas, mientras que otros $21,95 billones correspondían a obligaciones conocidas y facturadas o liquidadas al cierre del ejercicio.
EPS intervenidas concentran la mayor parte de las obligaciones
La diferencia resulta determinante para entender el alcance de las cifras. Antes de convertirse en recursos efectivamente pagados a los prestadores, estas obligaciones deben atravesar procesos de reconocimiento, auditoría y conciliación.
Uno de los principales focos de preocupación está en la concentración de estas obligaciones. Según la Contraloría, $47,9 billones, equivalentes al 82,65% del total, estaban asociados a EPS que durante 2025 se encontraban bajo medidas de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.
Aunque el deterioro financiero se refleja inicialmente en las aseguradoras, sus efectos pueden trasladarse a la red encargada de prestar los servicios. Hospitales y clínicas deben mantener sus operaciones, cubrir nóminas, adquirir medicamentos, dispositivos e insumos y garantizar infraestructura y tecnología, incluso cuando los recursos provenientes del aseguramiento presentan retrasos.
La Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Unips) señaló que las IPS han recurrido a capital de trabajo, créditos y financiación de proveedores para sostener su funcionamiento frente a estas obligaciones. La situación incrementa la presión sobre la liquidez de instituciones que no pueden suspender la atención mientras esperan el cierre de los procesos administrativos y financieros.
El informe de la Contraloría advierte precisamente que el aumento de las obligaciones dificulta la liquidez y la sostenibilidad de los prestadores. En ese escenario, el organismo señala que la red prestadora estaría financiando parcialmente el aseguramiento mediante recursos propios o fuentes externas.
A esta situación se suman los indicadores de solvencia de las EPS. Al cierre de 2025, solo cuatro entidades cumplían integralmente las condiciones financieras analizadas, mientras el 98,76% de los afiliados estaba vinculado a EPS que presentaban algún incumplimiento.
El organismo encontró 17 EPS con incumplimientos en Capital Mínimo, 19 en Patrimonio Adecuado y 22 en inversión de Reservas Técnicas. Además, la siniestralidad promedio alcanzó 110%, con 19 entidades por encima del 100%.
Finalmente, de las 26 EPS incluidas en el análisis financiero, 17, equivalentes al 65%, registraron pérdidas operacionales por aproximadamente $5,74 billones. Las nueve restantes reportaron resultados positivos cercanos a $744.826 millones.
El panorama plantea un reto para las autoridades: avanzar en recuperación, saneamiento y capitalización de las EPS, mientras se busca evitar que las dificultades financieras terminen comprometiendo la capacidad de la red prestadora para garantizar la atención de los usuarios.
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