Con el dinero de Centros Poblados se compraron apartamentos y carros de lujo

Compartir

La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos a los procesados por los hechos de corrupción que rodearon la adjudicación del contrato 1043 del 2020, entre el MinTIC y la UT Centros Poblados.


Por: Redacción 360 Radio

En medio de la segunda línea de investigación por el escándalo que provocó la renuncia de la ministra Karen Abudinen, un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento privado, fraude procesar y enriquecimiento ilícito de particulares, al representante de la empresa Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde y al empresario Ottomar Lascarro Torres.

El representante legal de la UT Luis Fernando Duque y Juan Carlos Cáceres, les formularon los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros. Sin embargo, ninguno de los procesados aceptó los cargos y, por el contrario, se declararon inocentes.

Todos los procesados expresaron que están colaborando con la Fiscalía para esclarecer qué ocurrió este caso de corrupción. El abogado de Lascarro afirmó que está buscando concretar una negociación con la Fiscalía para aceptar los cargos y confesar lo que ocurrió, pero ese reconocimiento se llevará a cabo en la próxima audiencia.

LEER TAMBIÉN: “Nos engañaron”, Abudinen ante la Procuraduría por el caso Centros Poblados

La imputación a Emilio Tapia no se hizo efectiva porque no hubo conexión con la cárcel La Picota, y deberá hacerse una nueva diligencia exclusivamente para anunciar un nuevo proceso por corrupción en su contra.

La Fiscalía encontró que los procesados habrían utilizado 15 mil 242 millones de pesos del anticipo para proveer Internet a zonas rurales de Colombia, en lujos y excentricidades, como la compra de apartamentos, vehículos de lujo, préstamos y pagos de honorarios.

Le puede interesar:  Pequeños accionistas de Ecopetrol se pronuncian por informe de Control Risks y envian fuerte mensaje a Roa

El ente acusador presentó material probatorio donde se detalla el manejo del anticipo, giros, reporte de beneficiados y el informe sobre en qué fueron invertidos los recursos que hacían parte del anticipo de los 70 mil millones de pesos.

La Fiscalía advirtió que supuestamente los procesados, incluido Emilio Tapia, acordaron crear la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 con la participación de cuatro empresas, entre las cuales estarían dos en el registro y demostrarían su experiencia, pero no participarían en la ejecución del contrato. También establecieron que por aparecer como integrantes de la UT, es decir, prestar el nombre, les pagarían $4.000 millones.

Última hora

Le puede interesar

[mc4wp_form id=»74432″]