Un documento interno de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), divulgado por Noticias Caracol, puso bajo cuestionamiento el funcionamiento de la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro, al revelar posibles operaciones de vigilancia sobre antiguos mandatarios, sospechas de vulnerabilidades tecnológicas y señalamientos relacionados con las elecciones presidenciales de 2026.
Las revelaciones, atribuidas a informes de inteligencia y fuentes humanas, describen presuntas actuaciones que habrían excedido las funciones de la institución, entre ellas la participación en la asignación de vehículos para esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes, así como la posible utilización de recursos tecnológicos para obtener información sobre personas protegidas.
Revelaciones del DNI: las alertas sobre espionaje y presunta injerencia extranjera
Uno de los puntos señalados corresponde al Decreto 0563 del 3 de junio de 2026, mediante el cual se habría incorporado a la DNI entre las entidades encargadas de asignar automotores para los esquemas de seguridad. El informe cuestiona esa participación y plantea que podría haber respondido a un interés de vigilancia sobre los beneficiarios, aunque esa interpretación corresponde a los hallazgos documentales divulgados y no constituye una conclusión judicial.
Entre los elementos expuestos también figura una vivienda en Bogotá que, según la fuente citada en el reporte, habría funcionado como una instalación operativa clandestina de la DNI. El documento sostiene que el inmueble fue desocupado después de las elecciones y que sus registros habrían desaparecido de los archivos oficiales, sin que se conozca públicamente cuál era su propósito.
Otra preocupación está relacionada con dispositivos tecnológicos que habrían sido entregados a funcionarios de inteligencia durante un viaje de capacitación a Moscú, el informe advierte sobre la posibilidad de que computadores y celulares suministrados por Rusia contuvieran programas maliciosos destinados a obtener información de la entidad.
Contrato de un helicóptero no tripulado bajo cuestionamiento
El reporte también señala la adquisición de un vehículo aéreo no tripulado por $9.000 millones, destinado a labores de inteligencia y contrainteligencia mediante captura de imágenes y video.
De acuerdo con las características descritas, el equipo tendría una autonomía de seis horas, alcance máximo de 600 kilómetros y capacidad de carga de entre 60 y 120 kilogramos, en ese sentido el documento cuestiona el valor del contrato y advierte sobre presuntos incumplimientos técnicos que habrían motivado un proceso sancionatorio.
Carlos Oyola y los señalamientos sobre las elecciones presidenciales
Uno de los apartados más delicados del informe involucra a Carlos Oyola, ingeniero de sistemas vinculado a la DNI desde febrero de 2024. Según los documentos divulgados por Noticias Caracol, el funcionario habría participado en actividades de acceso a bases de datos estatales y posteriormente habría sido trasladado al área tecnológica de la entidad.
El reporte le atribuye una presunta misión relacionada con ataques informáticos contra la Registraduría para modificar resultados electorales. También señala que Oyola tenía una orden de captura emitida el 7 de mayo de 2026 y que habría escapado de un apartamento utilizado como fachada antes de un allanamiento de la Fiscalía.
La investigación periodística añadió que el funcionario estaba vinculado al desarrollo del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia, una plataforma que debía registrar las operaciones de la entidad. El informe sostiene que el proyecto no fue entregado y que el equipo de cómputo en el que se desarrollaba habría sido hurtado, sin que existiera una denuncia conocida ante la Fiscalía.
Reacciones políticas exigen explicaciones e investigación
Las revelaciones provocaron pronunciamientos de dirigentes políticos. El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó el contenido como preocupante y pidió esclarecer posibles abusos en el manejo de la inteligencia estatal, además de establecer responsabilidades.
La concejal de Bogotá Sandra Forero cuestionó los presuntos planes de vigilancia a expresidentes, la vinculación de Oyola y las alertas sobre Rusia, mientras el congresista Andrés Forero planteó interrogantes sobre una posible relación entre los señalamientos de interferencia electoral y el Gobierno.
Las acusaciones, sin embargo, deben ser esclarecidas por las autoridades competentes. La divulgación de documentos reservados y las reacciones políticas no constituyen por sí mismas una prueba definitiva de espionaje, intervención extranjera o manipulación electoral, por lo que la investigación deberá establecer la autenticidad, alcance y responsables de los hechos descritos.