En una decisión reciente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor de Colombia, rechazando el reclamo de indemnización por US$1.100 millones presentado por la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp. Este veredicto pone fin a una prolongada disputa legal relacionada con la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán, un ecosistema de vital importancia ambiental en Colombia.
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Panorama general: Eco Oro Minerals argumentó que las medidas legislativas, administrativas y judiciales adoptadas por las autoridades colombianas, que prohíben la minería en ecosistemas de páramo, impidieron el desarrollo de un proyecto de gran minería de oro en su concesión en el páramo de Santurbán. La empresa consideró que estas acciones constituían una expropiación indirecta de su inversión, violando el Artículo 811 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia.
Asimismo, Eco Oro alegó que las medidas adoptadas por Colombia violaron el Estándar Mínimo de Trato del Artículo 805 del TLC, reclamando una indemnización de aproximadamente US$1.100 millones.
¿Cómo la CIADI tomo la decisión en contra de Eco Oro Minerals?
Por qué es importante: El Tribunal Arbitral de la CIADI determinó que Eco Oro no presentó pruebas suficientes para sustentar los perjuicios supuestamente sufridos. A pesar de habérsele otorgado una segunda oportunidad para presentar evidencia, la empresa no logró demostrar la existencia de daños. En consecuencia, el tribunal decidió que el Estado colombiano no debía pagar ninguna indemnización.
Además, debido a fallos en la defensa de su caso, el tribunal también se abstuvo de condenar a Colombia en costas, resultando en una victoria completa para el país.
Detalles: Este fallo favorable para Colombia marca el cierre de un complejo arbitraje que se prolongó durante más de ocho años. En septiembre de 2021, el Tribunal Arbitral ya había desestimado la reclamación por expropiación formulada por Eco Oro, al considerar que la prohibición de actividades mineras en páramos constituía un ejercicio legítimo de las potestades regulatorias del Estado para proteger el interés general y el medio ambiente.
El tribunal reconoció la importancia crucial de los páramos como fuentes y reguladores de los ciclos de agua, especialmente en el contexto del cambio climático. El Páramo de Santurbán es una fuente hídrica vital para más de 2.5 millones de personas, y los impactos negativos de la minería en estos ecosistemas son irreversibles.
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