En una carta dirigida al Congreso de la República, al presidente de la Cámara y al Ministerio de Hacienda, los firmantes alertan que, si el proyecto se aprueba tal como está estructurado, el país podría enfrentar daños irreparables en su economía y en la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones esenciales.
Preocupación por el impacto fiscal de la reforma al Sistema General de Participaciones en Colombia
Entre los firmantes de la carta se encuentran figuras destacadas como Mauricio Reina, Rosario Córdoba, Carolina Soto, Federico Renjifo, Jorge Restrepo, José Manuel Restrepo y Juan Camilo Restrepo, entre otros.
Estos expertos señalan que el aumento en las transferencias del SGP a las regiones podría alcanzar el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación, lo que generaría una «severa disminución» en el Producto Interno Bruto (PIB), el consumo privado, el bienestar social y la inversión. Además, advierten que la medida podría generar un aumento de la deuda pública, superando los niveles sostenibles para la economía nacional.
Uno de los puntos más críticos mencionados en la carta es la preocupación sobre el déficit fiscal, que, según los economistas, podría dispararse si el proyecto se aprueba sin los ajustes necesarios. Los analistas del Banco de la República, por ejemplo, han estimado que el déficit fiscal del Gobierno Central podría alcanzar un alarmante 4,7% del PIB para 2038, frente al 2,8% proyectado en el escenario actual sin la reforma. Este aumento en el déficit podría poner en riesgo la estabilidad fiscal del país, afectando tanto a las finanzas públicas como a la confianza de los inversionistas internacionales.
Los firmantes de la carta exigen un análisis profundo de las consecuencias fiscales de la reforma, y subrayan que tanto el Gobierno como los miembros del Congreso tienen la responsabilidad de velar por la estabilidad financiera de la nación.
En este sentido, señalan que los ministros de Hacienda e Interior, así como los congresistas que voten a favor del proyecto, podrían estar actuando sin tener en cuenta las graves repercusiones que este podría tener en las finanzas públicas y el bienestar de la población.
Uno de los aspectos más críticos del proyecto es que, según los expertos, no se ha especificado cuáles serían las competencias que se transferirían a las regiones ni se ha estimado su costo fiscal. Esta falta de claridad ha sido una de las principales inquietudes del Banco de la República, que señala que la Nación actualmente asigna recursos significativos para financiar servicios esenciales como la salud a través del SGP y otras partidas del Presupuesto.
El debate sobre la reforma al SGP ha tomado un giro importante al contar con la participación de voces influyentes dentro del mundo económico y político del país. Los expertos coinciden en que el Congreso y el Gobierno deben considerar cuidadosamente los riesgos que implica aprobar el proyecto sin una revisión exhaustiva de sus impactos fiscales.
La situación pone de manifiesto la necesidad de un consenso entre los diferentes sectores del país para garantizar que las reformas estructurales no pongan en peligro la estabilidad económica y fiscal de Colombia en el largo plazo.
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