En respuesta a “las versiones de prensa publicadas en los últimos días”, la Junta Directiva de Ecopetrol difundió un comunicado en el que se refiere al otrosí firmado por la compañía con la firma estadounidense Covington & Burling.
Y es que según se conoció este contrato que, inicialmente aprobado por 875.000 dólares, fue incrementado a 5,8 millones de dólares sin la debida autorización de la junta directiva ni del presidente de la petrolera, Ricardo Roa. Esta situación llevó a que varios entes de control comenzarán sus investigaciones y auditorías sobre Ecopetrol.
¿Qué dijo Ecopetrol ante la polémica?
En el comunicado revelado en la noche este jueves, se explica que la petrolera cotiza en la Bolsa de Nueva York (2008), dispone de “un sistema de control interno y actividades de debida diligencia apoyado por firmas de abogados de Estados Unidos”, con especial énfasis en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Segundo, precisa que Covington & Burling LLP fue contratada el 29 de agosto de 2024 como asesor externo para asuntos con autoridades estadounidenses, por solicitud expresa de la Junta y sin intervención del presidente de la compañía.
El texto añade que, según las actas, ni el Comité de Auditoría ni la Junta fueron consultados sobre el otrosí que amplió el alcance y el costo del contrato, razón por la cual suspendieron las actividades desde febrero de 2025 y ordenaron auditorías internas y externas. Finalmente, la Junta promete cooperar con los organismos de control y recalca que la coyuntura “no afecta los planes ni las expectativas de producción y crecimiento para el año en curso”.
«Tal y como se verificó en las actas, ni el Comité de Auditoría ni la Junta Directiva fueron consultados respecto a la firma del otrosí al contrato original, menos aún del cambio en su alcance y el valor del mismo. Como consecuencia de lo anterior, la Junta Directiva ordenó la suspensión de las actividades desde febrero de 2025. En su momento y de manera oportuna, la Junta Directiva solicitó someter estas actuaciones a auditoría e investigación, en el marco del respeto a la Ley y al debido proceso», precisó Ecopetrol.
En ese sentido, la empresa aseguró que colaborará con las autoridades y entes de control que han iniciado procedimientos relacionados con esta situación. Las acciones legales en curso buscan preservar la integridad de la empresa y proteger su imagen y reputación en el ámbito nacional e internacional.
Del contrato de US$875.000 a un otrosí de US$5,8 millones
Aunque el comunicado no menciona cifras, los documentos filtrados revelan que el encargo original a Covington costaba US$875.000. El 31 de diciembre de 2024, un anexó elevó el monto a US$5,875 millones y amplió el mandato a un examen exhaustivo sobre los riesgos legales y reputacionales derivados de las investigaciones contra el presidente Ricardo Roa.
El presidente de la Junta, Guillermo García Realpe, detalló en entrevista con W Radio que la Junta conoció la adición “un mes después” y la calificó de “delicada, grave y abusiva”, ordenando su suspensión inmediata. García Realpe subrayó que “no se ha pagado ni se pagará” el valor del otrosí mientras no se esclarezcan posibles irregularidades.
¿Por qué era necesario un bufete de Wall Street?
La asesoría externa obedece a la posición de Ecopetrol como emisor en la NYSE: cualquier hallazgo que apunte a conductas corruptas o violaciones de buen gobierno puede activar procedimientos de la Securities and Exchange Commission (SEC) o del Departamento de Justicia de EE. UU. Para la Junta, contar con especialistas en FCPA y OFAC es “una práctica habitual desde 2008”, según reiteró García Realpe.
No obstante, la magnitud del incremento y la forma en que se aprobó —por orden del director corporativo de Cumplimiento, Alberto Vergara— encendieron las alarmas internas.
El memorando de Vergara justifica el aumento porque el Comité de Auditoría pidió a Covington analizar el impacto de la compra de un apartamento por parte de Roa antes de asumir la presidencia, así como otros frentes de escrutinio judicial. Pero la decisión, advierte la Junta, no pasó por los canales estatutarios y por ello ahora es objeto de investigación disciplinaria y penal.
La lupa de la Procuraduría sobre el contrato de Ecopetrol
Una vez estalló el escándalo, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar para determinar si hubo irregularidades en la firma del otrosí y si se violaron los principios de la contratación pública.
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El Ministerio Público también pidió al Consejo Nacional Electoral sancionar a Roa por presunta violación de topes de la campaña “Petro Presidente 2022”, una de las razones por las que la Junta decidió blindarse con asesoría extranjera.
Al mismo tiempo, medios nacionales e internacionales han revelado detalles sobre el perfilamiento forense adelantado por Covington —incluidas 35 entrevistas a ejecutivos y la copia de chats y correos electrónicos— y sobre la renuncia de la exministra Mónica de Greiff a la Junta Directiva, atribuida al mal manejo del contrato .
Pese a la crisis de gobierno corporativo, Ecopetrol insiste en que su “solidez operativa y financiera” se mantiene intacta. La empresa produjo 719.000 barriles equivalentes por día en 2024 y proyecta cerrar 2025 sobre los 725.000. Sin embargo, la caída del precio internacional del crudo y un descenso del 22,1 % en la utilidad neta del primer trimestre han generado nerviosismo entre los inversionistas .
La Junta concluye su comunicado con un mensaje categórico: “La transparencia y la defensa del patrimonio público son prioridades… en línea con los principios de buen gobierno corporativo”. El reto es convencer al mercado y a la opinión pública de que, esta vez, el discurso se traducirá en hechos: corregir los desvíos, depurar responsabilidades y recuperar la credibilidad perdida.
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