EDITORIAL
Las cosas en materia fiscal y de empleo para el país tienen que ir muy mal cuando el Gobierno no es capaz de avanzar en la reducción de su tamaño por miedo a generar desempleo. ¿Se ha crecido esta enfermedad terminal?, ¿cómo pararla?
El Estado debe tener un tamaño proporcional, no solo a su extensión territorial sino a sus habitantes y de acuerdo a unas realidades y dinámicas económicas de la sociedad garantizando aspectos elementales como la justicia, la seguridad, la libre economía y unos sistemas de salud y transporte básicos. En lo demás que sea el sector privado que ocupe los aspectos restantes para que una nación tenga buenos niveles de desempeño en materia productiva, competitiva y de calidad de vida.
Esta pandemia del coronavirus le ha pegado a todas las naciones, ha hecho trizas distintas economías, ha colapsado planes y ha afectado más a la clase media y baja que a la clase alta, sin querer señalar que quienes estaban en clase alta antes de la pandemia no han sufrido, podríamos recopilar miles de casos de personas con inversiones significativas en el sector turismo, sector gastronómico o del entretenimiento que han tenido una fuerte caída en su estabilidad financiera e incluso se han declarado en quiebra.
No se puede politizar el debate económico, mucho menos estratificar pero ya entrados en la reconstrucción que se hace necesaria, y trazar una hoja de ruta de reactivación, se requiere de un equilibrio, de un análisis profundo y detallado de la realidad económica de Colombia.
Recientemente se conoció que el Gobierno radicará una reforma tributaria en el mes de marzo, la cual va a aumentar los impuestos, que va a aumentar el IVA, no aumenta los impuestos para las empresas y se eliminarán exenciones de IVA, pero también habrán más productos gravados. Las personas naturales deben contribuir más, y supuestamente quienes ingresen más dinero pagarán más; en tanto que la educación y los medicamentos nunca pagarán IVA.
Esperan recaudar 15 billones de pesos y uno de los principales destinos, según el viceministro Juan Alberto Londoño, es darle recursos a quienes quedaron en situación de vulnerabilidad por cuenta de la pandemia.
Desde hace más de 14 años, el Gobierno colombiano ha sido generoso con los sectores más golpeados por la gran inequidad que hay en Colombia y en buena hora se ha logrado avanzar en cerrar un poco la brecha social. Sin embargo, es claro que no pueden perpetuarse los programas de asistencia, de subsidio; estos deberían ser programas que tiendan a la reducción de personas atendidas y no que aumenten porque es inviable que el 10 % o 20 % de la población mantenga al restante sin qué aporten nada.
Es lamentable que este Gobierno que tanta crítica le hizo al gobierno de Juan Manuel Santos no avanzara determinadamente en la reducción de la burocracia, del tamaño del Estado; todo lo contrario, avanzó en la creación de un Ministerio de Deporte, de un Ministerio de Ciencia y ha aumentado otras oficinas innecesarias que significan miles de millones en gastos de funcionamiento, con solo ponerle el rótulo de ministerio.
Desde hace un buen tiempo se ha planteado cuáles son las entidades que se pueden eliminar y que hoy no son más que reprocesadoras de información, asistentes de asistentes, suplantación de funciones, doble trabajo y que solo generan una carga fiscal. Una muestra es la Agencia presidencial para la cooperación internacional, la agencia inmobiliaria Virgilio Vargas, la agencia de Contratación Pública, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Autoridad Nacional de Televisión, los ministerios de Ciencia, Cultura, Trabajo, Deporte, entre otras oficinas que hoy tienen duplicidad de funciones como la Agencia Nacional para la Reintegración de Personas y Grupos Armados, la Agencia para la Superación de la Pobreza, el Departamento de la Prosperidad Social.
También es necesario desde hace mucho tiempo que se avance en la reducción del tamaño del Congreso de Colombia, más de 170 representantes a la Cámara, más de 108 senadores son cifras absurdas pero es la realidad de este país. El Senado debería contar con un número de entre 60 y 70 senadores, y la Cámara de Representantes con máximo 100 miembros. Eso no significa pagar mal, significaría poder pagar mejores salarios a los funcionarios del Estado pero no se puede pretender que este siga siendo el mayor empleador del país en detrimento de las empresas que cada vez cierran.
Creemos que es necesario que más colombianos paguen impuestos, que se eliminen exenciones, que las tarifas sean generales, que sean diferenciales, lo que significan impuestos progresivos. Es loable que no se le aumente el impuesto a las empresas, pero no es loable que Colombia, ahora con la decisión de legalizar más de 1.5 millones de ciudadanos venezolanos, apriete a las personas que han sobrevivido a la pandemia para cargar no solamente con esa cantidad de personas foráneas, sino para seguir devolviendo el IVA, para seguir aumentando programas de subsidios como Familias en Acción e Ingreso Solidario, mientras que no se generan puestos de trabajo. Es una bola de nieve que de seguir cómo va terminará muy mal y sepultará al país.
Por último, es importante que el Gobierno dé una instrucción clara y contundente sobre perseguir los innumerables bienes y cuentas bancarias de cientos colombianos que han optado por tener sus cuentas en paraísos fiscales y que no se trate esto de una expropiación sino de que tributen lo que deben tributar en Colombia. Se ha vuelto normal que las personas que medianamente adquieren una solidez económica y un nivel alto de ingresos y de patrimonio, tengan sus cuentas en Europa, en islas del Caribe o en Panamá; incluso, muchos funcionarios del Gobierno han hecho esto, como por ejemplo el presidente del partido Conservador, Omar Yepes, que ha pedido que mejor se tramite una gran cruzada contra la evasión y no de un aumento de impuestos desmesurado.