En primera instancia, queremos reiterar nuestro tajante rechazo a cualquier tipo de bloqueo que se haga en Colombia, sin importar el gobierno, la ideología o el color de las banderas que se ostenten. Bloquear un país no es más que una actitud criminal.
Una vez más se confirma que Colombia tiene muy mala memoria, al no recordar las gravísimas y extensas consecuencias que padeció por cuenta de los bloqueos del año 2021. No solo la inflación fue una de las grandes afectadas: se perdieron vidas, tanto animales como humanas, y muchas personas se vieron perjudicadas por no poder recibir suplementos esenciales para su vida, como tanques de oxígeno, tratamientos contra el cáncer, entre otros elementos y objetos humanitarios que quedaron atrapados en esos bloqueos.
Aunque no sorpresivo, sí mundano es ver cómo nuevamente algunos bandos, viudos del poder dependiendo de la época, terminan solidarizándose, apoyando y fraternizando con quienes hablan de bloqueos, e incluso con quienes tienen pretensiones absolutamente egoístas, que con ellas piensan someter al Estado por cuenta de las vías de hecho.
Lo decimos con total claridad: al gobierno anterior y a quienes lo apoyaban les parecía que los paros y los bloqueos eran muy malos, que bloquear no se podía permitir y que las fuerzas del orden tenían que actuar. En ese entonces, el bando que ahora gobierna defendía las protestas, defendía el bloqueo de vías e incluso defendía el enfrentamiento con las autoridades. Ahora, en la macondiana política colombiana, se han intercambiado los papeles; se cambian de camisa con una facilidad asombrosa.
El gobierno de turno dice que los bloqueos no se pueden permitir, que las pretensiones de quienes bloquean son descabelladas y egoístas. Y quienes ahora están fuera del poder, que antes eran gobierno, ahora defienden los bloqueos y las protestas.
De seguir bajo este patrón de conducta, Colombia no tiene ninguna salvación porque lo único que está demostrado es que es una sociedad que responde solamente en busca del beneficio personal, sin importar lo demás. Para ser más expeditos, toda Colombia, excepto los camioneros y quienes tienen vehículos particulares de diésel, está pagando desde hace casi dos años un combustible 80% más costoso. Hubo quejas, hubo angustia, inconformidad, pero todos estamos pagando esa gasolina, porque era lo correcto, y lo correcto no siempre es lo popular.
Sin embargo, ante la amenaza del sector camionero de bloquear el país y de hacer paros si se subían los precios, el gobierno decidió populistamente extender la congelación de los precios del combustible. La conclusión del último acuerdo es sencilla: se aumenta $800 pesos cuando el desfase es cerca de $6,000. Se seguirá aumentando el gran hueco del fondo de estabilización de precios de los combustibles. Ese dinero tiene que salir de alguna parte, y seguramente saldrá de otra reforma tributaria que nos van a imponer, porque ya van a ser 10 billones los que el país tiene que regalarles a los camioneros para que no bloqueen y paren.
Entonces, cuando no hay convicciones ni causas realmente justas por defender, sino que solo se trata de captar el apoyo del sector que está en paro para futuros votos en elecciones, Colombia estará supeditada a una tiranía de gremios, de pequeños sectores económicos y, sobre todo, de quien pueda tener la capacidad de bloquear el país. No es el primer caso; este país y los gobiernos han querido negociar más de 14 veces con grupos terroristas, y normalmente quien acude a las vías de hecho termina ganando.
Muchas personas seguirán perdiendo y ganando en Colombia, más perdiendo que ganando en estos tiempos. Sin embargo, uno que otro sector, como en este caso el de los camioneros, con gran capacidad de trabajo, suficiencia y prosperidad, lo hará a costa de los impuestos de los colombianos.
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