Pasados dos años de gobierno de Gustavo Petro, el país se ha venido acostumbrando a diferentes anuncios que se hacen en atriles, en medio de encuentros populares, en algunas publicaciones nocturnas del presidente o, simplemente, a veces en las disertaciones que él realiza en medio de un evento público.
Al principio, el país entero giraba en torno a lo que decía el presidente; el país reaccionaba y la agenda de los medios, de los gremios, de los empresarios y el estado de opinión giraba por lo menos siete días sobre lo que pensaba, decía, prometía y quería el presidente Petro.
En muchos casos, afortunadamente, algunas de esas ideas nunca se han llevado a cabo, otras parcialmente han iniciado y muy pocas han tenido realmente el éxito que el mismo presidente hubiese querido. Eso conllevó a que las personas manejen con más tranquilidad y disposición los anuncios del presidente, entendiendo que muchos de ellos solo se quedan en anuncios.
Sin embargo, lo que se ha venido hablando desde la boca del presidente hace aproximadamente un mes sobre las inversiones forzosas, si bien no ha ocasionado el caos de reacciones que pudo haber ocasionado en otro momento de su gobierno, sí ha empezado a inquietar más, sobre todo en las últimas horas, cuando todo parece indicar que es una política real que el gobierno quiere implementar. Obviamente, los sectores más alertados son los bancarios. Cerca de 38 bancos operan en Colombia, de los cuales casi 14 tienen cifras rojas en este momento.
La economía colombiana no está pasando por un buen momento y, aunque muchos desmeriten la importancia del lenguaje, nos encontramos con una molestia mayúscula a la hora de escribir este editorial y hacer las consultas pertinentes para cada publicación.
Empezar a disfrazar el lenguaje, comenzar a hablar de ahorro público cuando se está hablando de las cuentas de ahorros de las personas naturales y jurídicas en Colombia que han confiado en el sistema bancario y en el Estado colombiano para depositar no solamente los ingresos provenientes de su trabajo, sino los frutos de sus inversiones, ahorros y del interés compuesto que van generando a lo largo de su vida. Eso en ningún momento, y no se puede permitir, puede ser llamado ahorro público. Es ahorro de los ciudadanos de Colombia, y es un ahorro que solo debe estar a disposición del libre albedrío de esos colombianos.
Es un ahorro que se tiene que proteger y que, para ser sinceros, suscita la duda de por qué al actual gobierno no le está alcanzando el dinero. Es una pregunta válida. El presidente ha dado algunas explicaciones que, según él, responden a esto. Ha dicho que el gobierno ha tenido que pagar muchas deudas y que la reforma tributaria que realizó en su primer año de gobierno fue tumbada, según él, totalmente por la Corte Suprema, aunque esto dista un poco de la realidad.Pero recordemos que hace poco se aprobó una reforma pensional lo suficientemente favorable para el gobierno, en donde el gobierno va a tener más disponibilidad de dinero.
La pregunta es por qué quieren ahora contar con dinero que no es de ellos, dinero que es de los colombianos. Con inquietud observamos algunas posiciones de bancos en Colombia que, si bien es muy loable su posición de querer ayudar al gobierno, también entendemos y esperamos que sean los primeros en defender el ahorro que los colombianos tienen en sus productos.
Las inversiones forzosas han sido el sueño húmedo de muchos gobiernos durante varios años, pero tienen un camino difícil en el Congreso de la República y en las calles, si es que se quiere plantear tal cual se ha anunciado en los micrófonos. El ahorro, insistimos, es dinero de las personas, no es ahorro público y, por ende, se tiene que respetar.