Uno de los pilares básicos y fundamentales de cualquier sociedad es la justicia. Esto quiere decir, en términos muy básicos, que una persona que atente, que viole las normas y las leyes de una sociedad previamente establecidas, casi como un contrato social que es lo que permite vivir en armonía y respeto entre unos y otros, termine pagando por haber cometido esos actos. Y las formas de pagar que han estado muy en debate durante los últimos años son varias.
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Hemos tenido algunas corrientes, sobre todo las más modernas, que indican que se tiene que acabar la pena punitiva, que se tenía que acabar el sistema carcelario, que solo sirve el trabajo social, las redes de socialización, la prevención, y que, en todo caso, un castigo severo sería una pena ejemplar en un centro penitenciario, está lejos de contribuir con la erradicación de esas conductas. Hay otra corriente que defiende, a la vieja usanza, el hecho de que si tú cometes un delito, se te va a respetar la vida, se te van a respetar los derechos humanos, se te va a respetar tu integridad, pero tienes que ir a un centro carcelario durante unos años que se te dicte como pena de acuerdo a la gravedad de lo que hiciste, y se espera que durante ese tiempo, puedas, más que quedar privado, estar en la sociedad, repensar, resocializar, estudiar, y salir convertido en otra persona. Y desde luego, pues claro, tiene un aspecto de cuidar a la población que cumple las leyes y las normas de las conductas de esa persona que ya las violó.
Acá nos encontramos con el gran núcleo disfuncional en el Estado colombiano, y tiene que ver con el sistema judicial y con ese círculo vicioso del que tanto hemos hablado durante tantos editoriales, y que pues se sigue permanente e incrementándose. Cada vez es más nocivo, el más injusto, cada vez termina coadyuvando más a que la criminalidad siga. Acá hablamos de esa priorización de la que ha hablado la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, a quien le deseamos pues los mejores deseos, le auguramos muchos éxitos, y desde luego queremos que le vaya bien y que esperamos que muy pronto le cuente al país cuál es esa visión, ese modelo que ella tiene para combatir la criminalidad incesante y creciente que hay en Colombia.
Porque cuando hablamos de ese círculo vicioso, hablamos de que no hay cárceles, y que los de la primera corriente dicen, «no, ya no, pues no se puede construir más cárceles, antes cerremos las cárceles que hay». Y a la hora de que la policía o el ejército efectúan una captura, aprenden a alguien, o el mismo CTI hace la captura, pasan donde un juez y el juez dice, «no, mire, pues sí, el señor cometió un delito muy mal, muy grave, mató tres personas o robó, extorsionó, secuestró, pero pues no ocupa en la cárcel. Entonces le vamos a poner un brazalete y se va para la casa». Y pues luego, al tiempo, se dan cuenta que ese señor pues sigue cometiendo delitos pero con ese brazalete. No ocurre en Colombia, como en otros países, cuando hay un brazalete en la pierna, de que si el delincuente sale de un radio determinado, pues de inmediato la policía recibe una alarma y van a capturar, y van a ver qué pasa. No, acá ellos pasean, cometen crímenes, violan, asesinan, secuestran, extorsionan roban con el brazalete puesto.
A los pocos que se les encuentra un cupo en la cárcel simplemente las cárceles de Colombia son una absoluta vergüenza. No se ha construido una cárcel en más de 14 años y seamos reales las cárceles son universidades del crimen, en los cuales donde entran criminales salen más criminales, por que se juntan con otros criminales y el INPEC es una entidad absolutamente impresentable, carente de una liquidación inmediata, pero ningún presidente se ha atrevido a hacerlo. Y en el caso de otros jueces, dicen: «Este señor no tiene conductas previas. A este señor se le puede, excarcelar; no son delitos tan graves, son delitos pequeños. Entonces, no; tranquilo, palmada en el hombro y no lo vuelvas a hacer».
Puntualmente, el problema radica en que no hay cárceles, en que no hay cupos, en que uno puede ser muy condescendiente con la criminalidad, en que la carga probatoria siempre está al lado de las autoridades y, en ocasiones, los jueces terminan siendo bastante garantistas con los criminales, lo que es bastante cuestionable. Esto ha hecho que las autoridades de policía y ejército también terminen con la moral baja, porque su trabajo queda absolutamente en nada cuando son presentados ante un juez.
No tocaremos en este editorial las otras funciones y funcionalidades de la Fiscalía en términos de personas que comparecen ante otras instancias judiciales, porque queremos hablar de esa priorización del sentir ciudadano, del dolor ciudadano y de ese ciudadano que tiene miedo de salir a la calle porque lo pueden matar por robarle un reloj, un celular, un bolso, un carro, una bicicleta. ¿Cómo no mirar lo que está pasando en las principales ciudades del país? Entonces, la Fiscalía tiene que sobrepasar la noche tan oscura que vivió bajo la administración de Francisco Barbosa, un fiscal que será poco recordado por lo bueno y que, en definitiva, deja una mácula bastante indeseable sobre la Fiscalía.
Esperamos que la nueva fiscal sea una persona razonable, responsable, sensata, con dolor humano y, desde luego, que busque apegarse a la Constitución y a la ley para aplicarla de la manera más estricta posible.
