Por: Amylkar Acosta
El déficit fiscal del Gobierno Central además de agudo es crónico. Como es apenas lógico, según la Ley de Wagner, el gasto público tiende a crecer con el tiempo y el tamaño del Estado, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB, dado que cada día debe asumir mayores responsabilidades. Del 8,4% del PIB que representaba el gasto público en 1985 se pasó al 19,2% en 2015, muy por encima de sus ingresos corrientes.
Según el Informe en diciembre del año pasado de la Comisión del Gasto Público, la brecha existente entre el precario recaudo impositivo, que se aproxima al 14% y el gasto público, que supera los 3 puntos porcentuales del PIB, suponiendo un ingreso no tributario adicional de 2 puntos porcentuales del PIB.
Finalizando el año anterior, Colombia estuvo a punto de perder el grado de inversión de su deuda soberana. Standard and Pooor’s redujo su calificación crediticia rebajándola de ‘BBB’ a ‘BBB-’. Entre sus consideraciones para tomar esta decisión estuvo el magro crecimiento de la economía, que cerró el año con un anémico 1,8% y el alejamiento de la meta del déficit fiscal, que se resiste a ceder, acentuada por la época de las vacas flacas del sector minero-energético, poniendo en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal.
Y ello no obstante la “austeridad inteligente” planteada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la cual se tradujo en un apretón fiscal, recortando $4 billones en el Presupuesto de la vigencia 2017 y anunciando otro recorte para el 2018, de tal manera que el PGN pasó de $181,7 billones en 2017 a $182,1 billones en 2018.
Una de las razones que adujo el ministro Cárdenas para tramitar la reforma tributaria de 2016 fue la de “evitar perder la clasificación BBB”. Aprobada dicha reforma, S&P manifestó que “aunque esperamos que los déficits fiscales de Colombia se reduzcan, los resultados de la reforma del 2016 han estado por debajo de lo previsto y el cumplimiento de la meta fiscal ha recaído parcialmente en ingresos extraordinarios”, refiriéndose a los recursos provenientes de la multa impuesta a las operadoras de telefonía celular Claro y Telefónica por valor de $4,7 billones.
En efecto el ingreso adicional por cuenta de la reforma tributaria fue de solo 0,4% del PIB, inferior al 0,7% estimado por el Gobierno. Moody’s cambió la perspectiva a la economía colombiana de “estable” a “negativo”. Por su parte, Fitch le dio un compás de espera y manifestó que “hasta que no se conozca la política del próximo gobierno” no tomarán ninguna decisión al respecto.
Para dar cumplimiento a la regla fiscal el déficit fiscal tenía un techo de 3,6% del PIB para el 2017 y 2,7% del PIB para 2018, sin embargo en el Plan Financiero actualizado del Ministerio de Hacienda se fijó como meta alcanzar el 3,1% en 2018. Para cumplir con dicho cometido, el ajuste deberá ser por un monto total estructural de 2,1% del PIB.