Hay un síntoma grave en una sociedad que empieza a necesitar cadáveres expuestos para creer que existe la autoridad. En Colombia nos estamos acostumbrando a evaluar el éxito del Estado a través del volumen de los despojos que abren los noticieros o, lo que es más frecuente, las redes sociales. Mostramos bolsas blancas de plástico con cuerpos de hombres caídos en operaciones de la fuerza pública y los dejamos ahí, bajo el foco de las cámaras, repitiendo una vieja costumbre tribal de exhibir trofeos para escarmentar a la gente.
Quienes aplauden estas imágenes olvidan que la justicia penal pierde su peso ético cuando se vuelve un producto de consumo masivo. Esos hombres eran presuntos delincuentes y el uso legítimo de las armas del Estado trae consecuencias fatales en el fragor de una persecución, operativo, redada. Eso es una realidad del conflicto. Sin embargo, el ensañamiento con el cuerpo vencido es un retroceso moral. A los muertos se les entierra, sin importar lo que hayan sido en vida, porque ese es un pacto básico de la civilización. Detrás de esos envoltorios plásticos quedan familias que arrastran una tragedia doble y silenciosa de la que nadie quiere hablar, atrapadas entre el dolor de saber que los suyos eligieron el camino del crimen y la humillación pública de ver sus restos tratados como despojos de cacería. La ley debe ser implacable, pero la crueldad desde el poder corrompe a las propias instituciones.
Esa obsesión por convertir la muerte en propaganda también tiñe los operativos de extradición. Lo vimos recientemente en el despliegue teatral alrededor de la extradición de alias «Araña». Nadie en su sano juicio saldría a defender a un narcotraficante probado, pero la obsesión del mandatario por liderar personalmente el acto en la base militar, buscando el encuadre de la cámara y dictando sentencias morales ante los micrófonos, desfigura la investidura presidencial. El anuncio público se convierte así en un escenario de validación personal.
Este show mediático se vuelve todavía más peligroso cuando el propio presidente adopta la estética de la guerra. El primer mandatario decidió aparecer en sus recorridos por Santa Marta o Cali portando una pistola visible al cinto lo cual no transmite la protección serena de las leyes, sino por el contrario proyecta desespero. Un gobernante rodeado de militares y esquemas de protección que necesita exhibir su propia arma de fuego en las calles de una ciudad sitiada por el crimen rompe con el principio civilista del Estado. Con esto envía un mensaje equívoco y perturbador no solo a los criminales, sino a la sociedad entera, sugiriendo que la institucionalidad formal ya no es suficiente y que hay que descender a la lógica del pistolero.
Hace dos milenios, el Imperio Romano perfeccionó una fórmula política infalible al entender que un pueblo asustado y con carencias olvida sus problemas si se le entrega suficiente sangre. En la arena del Coliseo o en el Circo Máximo se arrojaba a todos los delincuentes a las fieras. La multitud gritaba, celebraba y encontraba en la agonía ajena un desahogo para sus propias miserias materiales. El horror se transformaba en entretenimiento y el césar reafirmaba su control absoluto desde el palco, legitimando su poder a través de la barbarie escenificada en la arena y nunca por medio de las leyes. El mecanismo psicológico que opera hoy en nuestro entorno es el mismo, pues el poder nos invita a sentarnos en las tribunas virtuales a consumir la deshumanización.
Las sociedades que normalizan la espectacularidad de la muerte terminan atrapadas en un bucle trágico. La lección que el gobierno le está dejando a los ciudadanos es devastadora, al sembrar la idea de que en este territorio la violencia es la única moneda de cambio válida y que frente al terror de los bandidos, la respuesta lógica es el terror del Estado.
Por: Aldumar Forero Orjuela- @AldumarForeroO
