Nuevamente el escándalo público logró al parecer la retractación del gobernante, o ese es el entendido de las últimas declaraciones que anuncian el retiro del proyecto.
Por: Ricardo León Yepes
La Fábrica de Licores de Antioquia –FLA- representa toda una historia, trayectoria y orgullo para el pueblo antioqueño. Ya son 100 años que cumple la empresa pública, y que en el pasado cuatrienio aportó a las finanzas del departamento al rededor de 3.5 billones de pesos; destinados especialmente a fortalecer la educación y salud de gran parte de la población antioqueña.
Sin duda la FLA ha permitido incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las clases menos favorecidas de Antioquia, pues ha sido generadora de ingresos para más de 350 familias que emplea directamente, y cientos de empleos indirectos. En definitiva, no se puede desconocer el gran aporte que le hace al desarrollo económico del departamento.
Hoy la Fábrica de Licores de Antioquia es una dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación, que según el doctor David Suárez Tamayo, magister en derecho, y profesor de derecho público en la universidad Eafit, – “Desde el 2004 hay fallos del Consejo de Estado que dejan ver que la actual estructura de la FLA va en contra del ordenamiento jurídico”.
Tal como lo manifiesta el señor Luis Fernando Suárez, Gobernador (e) de Antioquia, la Ley 1816 del 2016 “eliminó restricciones competitivas y ha permitido el crecimiento de nuevos productos y comercializadores de licores importados.”
Todo lo anterior significa que, desde el ámbito legal y comercial, es importante modernizar la FLA, convertirla en una Empresa Industrial y Comercial del Estado (Eice) que permita dar respuesta a las exigencias de los mercados globalizados, aumentando su competitividad y garantizando los recursos para el departamento. Sin embargo, este argumento no debe significar una oportunidad para trabajar modificaciones estructurales de la empresa a puerta cerrada.
En días pasados, el gobernador de Antioquia radicó ante la Asamblea Departamental el Proyecto de Ordenanza número 15 de 2020, a través del cual solicita facultades durante seis meses para transformar la FLA en una Eice y nuevamente el escándalo público logró al parecer la retractación del gobernante, o ese es el entendido de las últimas declaraciones que anuncian el retiro del proyecto.
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La modernización de la FLA es importante, eso quedó claro en los argumentos expuestos previamente, y en eso coinciden muchos actores de la sociedad. Sin embargo, queda en evidencia nuevamente, (como ocurrió con el proyecto de EPM presentado por el alcalde Quintero) un descontento por la forma en cómo se pretendía hacer. La forma es la madre de la armonía, y pretender modificar la FLA sin realizar un debate con la Asamblea, y la participación ciudadana, sólo podría generar molestias.
No es falta de confianza en el gobernador encargado del departamento, pero es necesario preguntar qué está pasando con los gobernantes del orden departamental y municipal, Suárez y Quintero respectivamente; que, sin pena ni consideración, piden facultades de tiempo para hacer modificaciones estructurales a puerta cerrada. ¿Pretenden relevar o asumir las funciones y deberes constitucionales de los corporados? ¿o quieren evitar el control político de protección al bien público?
Todas las personas y en especial los servidores públicos deben actuar bajo la ecuación tres E, Ética, la Educación y Equipo.
Esta es una oportunidad para que el gobernador las ponga en práctica.
- Que Éticamente se retire efectivamente el proyecto y se presente uno nuevo, que no incluya facultades de tiempo y que permita ser debatido en la Asamblea departamental.
- La Educación y academia, para que todos aquellos que intervengan pongan en manifiesto sus saberes y su experticia de frente a la propuesta ya sea para defenderla o contradecirla.
- Que construya Equipo, entendido al ejecutivo, diputados, académicos, agremiaciones y sociedad en general, como una unidad que pretende encontrar el mismo propósito; el desarrollo del departamento de Antioquia.
Son los Diputados Antioqueños quienes deben tener la oportunidad de constituir una gran (Eice), y es la ciudadanía quien debe exigir un debate con la participación de todos los actores. Es la oportunidad de consolidar una ordenanza que blinde y proteja ese preciado activo de la Fábrica de Licores de Antioquia, como una entidad pública para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.