Que la discusión sea de cara a la ciudadanía, sin facultades y que se apruebe lo efectivamente sustentado; no a puertas cerradas en oficinas del ejecutivo.
Por: Ricardo León Yepes
El alcalde de la ciudad de Medellín Daniel Quintero Calle en un claro hecho cuestionable y polémico presentó a la Corporación Concejo de Medellín, el proyecto de acuerdo 019 de 2020, por medio del cual se le concedían facultades pro tempore para modificar el objeto social de Empresas Públicas de Medellín.
Sin ninguna fundamentación técnica y pretendiendo evitar el debate de control político de los concejales, Quintero Calle, solicitó que se le entregarán facultades extraordinarias durante 6 meses, para mediante un Decreto Municipal modificar los estatutos de la Empresa Industrial y Comercial EPM. ¿Sería esto abrir una puerta a la privatización de la empresa social más querida por los antioqueños? En un futuro artículo, me referiré sobre el asunto, que, sin duda, es un debate que se tendrá que dar.
La solicitud del alcalde pasó por cínica, pues soslayando la voluntad de la Corporación y sumándole a la intención de modificar el objeto social (artículo 2), el proyecto de acuerdo, traía otra perla en el literal C, muy cuestionable: “(…) Definir que la Junta Directiva de EPM, pueda adaptar el desarrollo del objeto social para ejecutar actividades que conduzcan a buscar el beneficio de nuevas tecnologías que aseguren un grado de competitividad actualizado en las actividades que ejecuta, de conformidad con la esencia de la empresa”.
Esto quiere decir, que, de haber sido aprobado este proyecto, el Concejo Municipal habría quedado por fuera de cualquier tipo de debate frente al objeto social y sería la junta directiva de EPM quien en adelante decidiría sobre la misma, de acuerdo con los intereses de turno.
Dicho de otra manera y más crudo, lo que el señor Quintero Calle pretendía era, que los concejales entregaran sus competencias al ejecutivo para hacer lo que estos quisieran en materia del objeto social de EPM y nunca más tener en cuenta a la corporación; sin lugar a dudas, un error histórico para el Concejo de Medellín en materia de control político y un riesgo para el patrimonio púbico de la ciudad.
¿El señor alcalde y sus asesores realmente pretendían que el Concejo Municipal, se hiciera el de las “GAFAS” y entregara un cheque firmado en blanco para diligenciarlo? ¡Qué tal semejante propuesta, una falta de respeto con la ciudadanía y con la corporación!
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Sin duda, la presión social a buena hora logró que el señor alcalde Daniel Quintero Calle retirara el proyecto de acuerdo. La propuesta puede ser válida, pero se debe dar el debate, así que, si el alcalde insiste en la presentación de dicho proyecto, ¡que lo haga bien!, que la administración se tome el tiempo que considere necesario para radicar un proyecto serio, bien estructurado y sustentando cada una de sus pretensiones.
Sin embargo, deja mucho que decir las palabras del funcionario público Jorge Mejía, con este mensaje que dejó en su twitter: “(…) La ampliación del objeto social de EPM es impajaritable. Lo que no haga EPM lo harán otros. Se encumbra el alcalde con la temporal decisión de recoger el proyecto de acuerdo, en aras de escuchar más a la gente”.
¿Qué quiere decir con impajaritable señor Jorge Mejía? ¿Qué pasarán por encima del que sea para hacerlo? o ¿Qué no vale ningún argumento en contra? No puede quedar la sensación que existe un evidente afán por favorecer intereses particulares. El objeto social de EPM tampoco puede convertirse en un mercado persa. ¡Preocupante!
El debate se debe dar en el CONCEJO DE MEDELIN, dado que son los concejales quienes representan a la ciudadanía y NO al alcalde. Que la discusión sea de cara a la ciudadanía, sin facultades y que se apruebe lo efectivamente sustentado; no a puertas cerradas en oficinas del ejecutivo.
Ahora bien, el Concejo de la ciudad debe encontrar el camino del control político, que a mi juicio está nublado. El camino con academia, argumentativo, con altura y respeto en defensa del bien común. esto es deber de los concejales de la Ciudad de Medellín, quienes deben hacer respetar la Corporación y darle el estatus que se merece.