El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2026 ha puesto sobre la mesa un pulso entre las prioridades sectoriales y la necesidad del Ejecutivo de garantizar disciplina fiscal. En las reuniones sostenidas con los ponentes, ministerios y entidades presentaron sus solicitudes de recursos, destacando la presión ejercida por Defensa, Justicia y el agro, mientras la Unidad Nacional de Protección (UNP) alertó sobre un déficit que amenaza su capacidad operativa.
Panorama general: El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó un balance de ejecución presupuestal que alcanza el 60%, con compromisos por $36,4 billones y obligaciones que suman $31,2 billones. Bajo este panorama, solicitó un incremento en la asignación de 2026, con énfasis en la modernización del equipamiento militar y, en particular, de la Fuerza Aérea.
Los planes de inversión contemplan $225.000 millones distribuidos en programas de prevención, investigación criminal, control policial y sostenimiento. Adicionalmente, los gastos de funcionamiento superarían los $17,7 billones, recursos destinados a cubrir la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la Agencia de Logística, el Hospital Militar, la Defensa Civil y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entre otros organismos.
Por qué es importante: La Unidad Nacional de Protección destacó que su ejecución histórica supera el 97%, pero advirtió que para 2026 sus necesidades presupuestales ascienden a $3,8 billones, frente a un techo definido por el Ministerio de Hacienda de poco más de $3 billones.
Este desfase deja un déficit de $989.000 millones, que impactaría principalmente el servicio de la deuda, al cual se le recortarían $35.900 millones. La entidad advirtió que este recorte comprometería su capacidad para garantizar la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Presupuesto Nacional 2026: tensión entre disciplina fiscal y prioridades sectoriales
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, pidió un aumento del 7,6% en el presupuesto de su cartera para 2026. Reconoció, sin embargo, que del presupuesto vigente aún resta ejecutar alrededor de $2 billones.
Montealegre señaló que Colombia debe abrir el debate sobre alianzas público-privadas (APP) para la infraestructura penitenciaria, siguiendo modelos aplicados en países como Estados Unidos. “Tenemos que pensar seriamente en organizaciones público-privadas para las cárceles”, afirmó, anticipando que presentará la propuesta al presidente de la República y al ministro de Hacienda.
El sector agropecuario también fue objeto de debate. La representante Saray Elena Robayo sostuvo que esta cartera es estratégica para garantizar la seguridad alimentaria, aunque sus niveles de ejecución presupuestal siguen siendo bajos.
En 2023 el Ministerio de Agricultura ejecutó el 69% de los recursos asignados, en 2024 la cifra cayó al 45% y en 2025, con corte a julio, apenas alcanza el 25%, con inversiones que no superan el 15%.
Pese a estas cifras, Robayo advirtió que un recorte sería “grave para el desarrollo”, y pidió que se refuercen las partidas con la condición de mejorar la gestión de los recursos. “Cada peso invertido debe traducirse en productividad rural, infraestructura para la comercialización y apoyo directo a los pequeños productores”, señaló.
