Ante el incumplimiento a la orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia de pagar las deudas al sistema de salud, cuyo plazo venció el pasado martes 26 de agosto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, solicitó adelantar un incidente de desacato en contra del Gobierno Nacional.
Y es que el citado Tribunal había fallado el pasado viernes 11 de julio en favor de la Acción Popular interpuesta por el alcalde Gutiérrez contra la Nación por los $20.3 billones que le adeudaba en ese momento al sistema de salud, el cual ha sufrido un notable deterioro.
Es de anotar que la Acción Popular fue presentada el pasado 30 de mayo y el 4 de junio fue admitida, teniendo en cuenta que la vida y la salud de millones de colombianos está en riesgo, al presentarse la intervención del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, a las EPS, sin garantizar el giro oportuno a los prestadores del servicio. En el caso de Medellín, hay hospitales que solo están recibiendo el 6 % de los recursos que se encuentran en cartera.
El Gobierno Nacional recibió una orden del Tribunal Administrativo de Antioquia
“El Gobierno Nacional ha incumplido con sus obligaciones, pero ahora incumple una decisión de la justicia. Ya el Tribunal Administrativo de Antioquia le ha dado la orden de ponerse al día con las deudas que tiene con los hospitales públicos y privados. Las órdenes judiciales son de obligatorio cumplimiento y nadie puede estar por encima de la ley. Este desacato puede acarrear para ellos multas económicas e, inclusive, arresto para ministros y funcionarios involucrados. Necesitamos que el Gobierno cumpla con sus obligaciones”, afirmó el alcalde Gutiérrez.
El incidente de desacato señala el incumplimiento de una orden judicial por parte del ministro de Salud, el ministro de Hacienda y las EPS intervenidas por la Nación.
En la demanda interpuesta en mayo también participaron, como coadyuvantes, el Departamento de Antioquia, la Personería de Medellín, el Sindicato Antioqueño de Anestesiología, la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud y otras 22 entidades, entre públicas y privadas.
Al momento de la demanda la deuda del Gobierno con el Hospital General ascendía a $128.000 millones, con el Hospital Infantil Concejo de Medellín a $9.200 millones y con Metrosalud a $32.000 millones.
Para mitigar las afectaciones por la falta de pago, la Alcaldía de Medellín en 2024 destinó más de $200.000 millones con el fin de sostener la red hospitalaria de la ciudad, lo que permitió la capitalización de Metrosalud, el Hospital General de Medellín y el Hospital Infantil Concejo de Medellín.
Recordando el error histórico del Gobierno Petro en el manejo del sistema de salud colombiano
A mediados del año en curso, la Corte Constitucional dejó sin piso jurídico la intervención del Gobierno Petro a la EPS Sanitas, declarando ilegal y arbitraria una medida que durante más de un año causó estragos en la atención médica de millones de colombianos. Este fallo, aunque esperado por muchos, no borra los efectos de una política basada más en la ideología que en la evidencia.
Lo que debía ser una celebración por la restitución de la justicia es, en realidad, un día de duelo para los pacientes, médicos, prestadores y empresas que vivieron el desmonte sistemático de un sistema que, aunque imperfecto, funcionaba.
Durante los últimos dos años, el Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro y siguiendo las líneas radicales trazadas por su exministra Carolina Corcho y el actual superintendente Luis Carlos Leal, ejecutó una estrategia que condujo al colapso financiero, administrativo y operativo de las EPS.
La idea era clara: destruir el modelo existente para imponer uno nuevo, aunque ese nuevo modelo ni siquiera ha sido concebido con claridad. El resultado ha sido un caos estructural que ha afectado a millones de usuarios con demoras aún más prolongadas en citas, entrega de medicamentos y atención general.
Primero, se asfixió financieramente a las EPS, negando los recursos necesarios y desconociendo las deudas del sistema.
Luego, se persiguió administrativamente a las entidades que aún funcionaban, como Sanitas, con auditorías sin resultados y campañas de desprestigio. Más tarde, se intervino sin una hoja de ruta clara, desmontando su modelo de atención y empujando a los usuarios a un sistema improvisado y desarticulado.
Ahora, la Corte ha ordenado devolver Sanitas a sus accionistas. Pero la EPS no regresa en el estado en que fue tomada: vuelve devastada, con redes deterioradas, usuarios desmoralizados y un equipo humano golpeado en su vocación.
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