Colombia todavía cuenta sus muertos. Todavía hay familias en Chocó, en el Eje Cafetero y en el Valle durmiendo bajo carpas, a la espera de que alguien les indique cuándo podrán recuperar un techo, un colegio o un hospital cercano. En medio de este duelo que apenas comienza, una administración que lleva apenas seis días en el ejercicio del poder adoptó una decisión que merece ser reconocida por su naturaleza: rápida, contundente y necesaria. El presidente Abelardo de la Espriella declaró la emergencia económica, social y ecológica al amparo del artículo 215 de la Constitución y anunció la creación del Fondo Milagro, el instrumento destinado a canalizar los recursos para la reconstrucción.
Nadie con un criterio riguroso discute la urgencia. Un sismo de magnitud 7,4 que deja más de 260 víctimas fatales, cerca de 200 desaparecidos, miles de viviendas reducidas a escombros e infraestructura hospitalaria colapsada no admite la lentitud propia del trámite legislativo ordinario. Para eso existe, precisamente, la norma constitucional: para habilitar al Ejecutivo a expedir decretos con fuerza de ley cuando la calamidad pública lo demanda. Es preciso decirlo con la misma claridad con la que se exigen resultados: el Gobierno arrancó con paso firme. El Ministerio de Hacienda descartó de entrada un incremento de impuestos. Los recursos provendrán de un crédito de hasta 450 millones de dólares gestionado con el Banco Mundial, de la priorización del gasto público y de los aproximadamente 35.000 millones de pesos ya disponibles en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El aplazamiento por un mes de la declaración de renta para los contribuyentes de las zonas impactadas se explicó, sin ambigüedades, como lo que es: un diferimiento temporal, no una condonación. Y el propio Ejecutivo ha insistido, desde el primer pronunciamiento, en que la administración de estos fondos se regirá por estrictos criterios de transparencia y control.
Este último aspecto es el que debe subrayarse, puesto que allí radica la frontera entre un buen anuncio y una gestión exitosa. El primer mandatario no requiere ganarse la confianza del país a partir de suspicacias infundadas ni de paralelismos con escándalos de administraciones anteriores ajenas a este mandato. Se la debe ganar, sencillamente, cumpliendo su propia palabra. Esta casa editorial considera que la mejor manera de honrar el compromiso de transparencia adquirido públicamente no es dudar de él, sino tomarlo en serio y exigir su pronta materialización en mecanismos concretos: el articulado íntegro de los decretos publicado con nombres propios, los criterios de asignación de cada desembolso visibles desde el primer peso, y un canal público que permita a cualquier ciudadano verificar en tiempo real el destino de los recursos para la reconstrucción.
La ventaja es que el país no tiene que inventar un estándar de control institucional; ya lo posee incorporado en su carta magna, y demostró a lo largo de este año su plena vigencia sin importar la orientación del gobierno de turno. Todo decreto expedido bajo el artículo 215 se somete a la revisión automática de la Corte Constitucional, tribunal que verifica la estricta conexidad de cada medida con la calamidad originaria. El Congreso de la República, por su parte, conserva intactas sus facultades de control político sobre estas herramientas extraordinarias. Este andamiaje no es una entelequia teórica: en abril de este año la corporación judicial dejó sin efecto una declaratoria de emergencia promulgada en diciembre de 2025, y en junio avaló otra de febrero, aunque sujeta a restricciones. En consecuencia, los contrapesos institucionales ya se han activado, han corregido excesos y han convalidado aquello ajustado a derecho, dentro de un mismo año y en circunstancias disímiles. Es exactamente el modelo de institucionalidad que una sociedad defensora de la separación de poderes y del Estado de derecho debe respaldar y exigir que opere con el Fondo Milagro: ni un cheque en blanco para el Ejecutivo, ni una desconfianza sistemática hacia quien recién inicia su gestión.
Existen, además, indicios de que el país ha asumido este momento con madurez. El sector empresarial respaldó la declaratoria sin reservas. El Congreso, lejos de entrabar el proceso, ya ha radicado iniciativas complementarias como la aplicación de un IVA del cero por ciento y la exención de peajes para el transporte de materiales de reconstrucción. Los mandatarios locales de las zonas afectadas reclaman más herramientas, no menos. Ese respaldo transversal constituye, en sí mismo, un capital político que el Gobierno haría bien en aprovechar para ir más allá de los mínimos legales: no limitarse al escrutinio constitucional básico, sino transformar el Fondo Milagro en un referente de gestión pública transparente, precisamente por surgir bajo la atenta mirada de una nación que ya conoce, por experiencias pasadas y bajo otros liderazgos, los riesgos de administrar los dineros de una emergencia sin la claridad debida.
Colombia no precisa hoy de un coro de sospechas ante un Ejecutivo que reaccionó con celeridad, descartó alzas tributarias y prometió transparencia desde el primer instante. Demanda que esa promesa se traduzca, decreto a decreto y desembolso a desembolso, en realidades comprobables al margen de la buena fe de los funcionarios. Esa es la tesis de esta casa editorial: la confianza inicial que el país deposita en su dirigencia frente a la peor tragedia de su historia reciente no se vulnera mediante la vigilancia; se honra a través de ella. Que el Fondo Milagro responda, en los hechos, a su nombre mediante cuentas claras.
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