El Gobierno aplaza vigencias futuras en infraestructura para aliviar finanzas públicas

Esta estrategia no afectará proyectos que registran avances satisfactorios, sino aquellos que presentan atrasos significativos o están completamente paralizados

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Desde inicios de este año, el Gobierno Nacional ha intensificado los esfuerzos para recortar gastos y cumplir con los compromisos fiscales establecidos, sin generar impactos negativos significativos en ninguna de las partes involucradas.

El impacto del aplazamiento de vigencias futuras en la infraestructura de Colombia

En este marco, el Ministerio de Hacienda ha identificado en las vigencias futuras de infraestructura una alternativa viable para postergar ciertos pagos y aliviar temporalmente las presiones presupuestarias.

El impacto del aplazamiento de vigencias futuras en la infraestructura de Colombia
Foto: Redes

Según declaraciones del ministro de Hacienda, Diego Guevara, esta estrategia no afectará proyectos que registran avances satisfactorios, sino aquellos que presentan atrasos significativos o están completamente paralizados. La decisión surge como parte de un análisis exhaustivo para priorizar recursos y maximizar su impacto, tal como informó el medio Primera Página.

De acuerdo con información del Aniscopio, la herramienta de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) encargada de monitorear los proyectos concesionados, seis iniciativas de Cuarta Generación (4G) enfrentan demoras. No obstante, solo tres de estos proyectos recibirían recursos a través de vigencias futuras: Perimetral de Oriente, Mulaló–Loboguerrero y Bucaramanga–Pamplona.

El Gobierno había programado pagos de vigencias futuras por un total de $21 billones para este año. Sin embargo, al aplazar los recursos asignados a estos proyectos, se estima un ahorro de $0,52 billones, según cifras oficiales.

A pesar de los avances en las negociaciones, algunos concesionarios han manifestado desacuerdos. Desde Mulaló–Loboguerrero, los directivos aseguraron que no han aceptado un compromiso formal, aunque en diciembre recibieron una notificación sobre el envío de un documento que, hasta la fecha, no ha llegado.

Otro proyecto que se encuentra en revisión es el Regiotram de Occidente, cuyo pago en vigencias futuras asciende a $345.000 millones. Si este aplazamiento se concreta, la cifra total de recortes en este renglón se acercaría al billón de pesos. Asimismo, las autoridades han explorado la posibilidad de retrasar el pago de vigencias futuras del Metro de Bogotá, que representa un desembolso anual de $1 billón. Según fuentes gubernamentales, aunque las conversaciones con la Alcaldía de Bogotá no han concluido con acuerdos, se espera que sean retomadas próximamente.

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Problemas estructurales en los proyectos

Perimetral de Oriente ($163.000 millones en vigencias futuras este año)

El proyecto se ha visto marcado por controversias legales. Tras cuatro años de disputas entre la ANI y el consorcio a cargo, un tribunal de arbitraje resolvió recientemente las diferencias, ordenando a la ANI pagar una indemnización de aproximadamente $1,3 billones por los perjuicios ocasionados.

Bucaramanga–Pamplona ($134.000 millones en vigencias futuras este año)

La concesión número 002 de 2016, que debía conectar estas dos ciudades, ha sido otro caso emblemático de retrasos. Con apenas un 11,2 % de avance en febrero de 2023, la ANI anunció en marzo la terminación anticipada del contrato, argumentando falta de ejecución. Entre las principales dificultades estuvo la falta de acuerdo con la Alcaldía de Floridablanca y las comunidades para construir la Unidad Funcional Uno, conocida como conectante C1-C2.

El aplazamiento de vigencias futuras representa un alivio temporal para las finanzas públicas, pero también genera incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos. Obras como el Regiotram de Occidente y el Metro de Bogotá son fundamentales para la movilidad sostenible y el desarrollo económico de las regiones afectadas.

Por tanto, cualquier retraso podría tener repercusiones en la calidad de vida de los ciudadanos y en la generación de empleo.

El Gobierno insiste en que estas medidas son necesarias para cumplir con las metas fiscales de 2024 y garantizar la sostenibilidad financiera del país. Sin embargo, la implementación de acuerdos definitivos con los concesionarios será crucial para evitar conflictos adicionales que puedan comprometer la ejecución de estas iniciativas clave para el desarrollo nacional.

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