El fondo en este asunto es que, en primer lugar, el Estado colombiano en general ha sufrido serias infiltraciones por parte de distintos grupos y personas irregulares o al margen de la ley, con intereses subrepticios; intereses que atentan contra la legalidad, contra las rentas nacionales, contra el Estado, la seguridad, la ética, la decencia y, por supuesto, contra la buena administración pública. Porque son personas que, gracias al enorme poder económico que han adquirido, se sienten con la potestad y la capacidad, y en muchos casos la tienen, de corromper el sistema.
Entonces, son los encargados de sobornar a policías en los puertos, de sobornar todo tipo de controles que el Estado colombiano disponga. Y pues el señor Pitúfuno no fue la excepción; digamos que, como Pitúfuno, pueden existir decenas de personas en distintos rincones del país que operan como hormigas, como un pequeño cáncer, como parásitos que van carcomiendo, detonando, arañando y consumiendo la institucionalidad.
Nosotros estamos seguros de que Pitufuno no nació con el gobierno de Gustavo Petro; por el contrario, se trata de fenómenos y personajes que desde hace muchos años han venido infiltrándose en el Estado colombiano y alcanzando distintos niveles de poder. Obviamente, resultan preocupantes las revelaciones que se han hecho: son de la mayor gravedad, son altamente delicadas.
Ojalá la justicia, de manera independiente, pueda actuar; ojalá pueda llamar a quienes tenga que llamar y esclarecer los hechos, porque lo cierto es que el gobierno de Gustavo Petro queda muy mal parado en este momento con este tipo de comunicaciones que han salido a la luz.