Uno de los sectores que más genera expectativa en los gobiernos locales y nacionales es el de infraestructura. Este sector, apalancado en una serie de estrategias e inversiones tanto nacionales como extranjeras, permite la generación de recursos económicos para el país, llevándolo a un panorama más sostenible para los colombianos.
360 Revista: ¿Cómo se encuentra el país a nivel de regulaciones en temas de infraestructura?
Matías Londoño: Desde el año 2011, el país ha ingresado en una senda de progreso normativo para avanzar en el desarrollo de infraestructura de transporte. Particularmente, menciono el año 2011 porque fue el momento en el que se inició una reestructuración del Estado, que comenzó por sentar las bases de una institucionalidad muy sólida alrededor de la infraestructura.
Esto se logró al modificar la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones, anteriormente conocido como INCO, y transformarlo en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La ANI se ha enfocado en el desarrollo de esquemas de asociaciones público-privadas, que han impulsado todo el desarrollo de infraestructura en los últimos 10 u 11 años.
Entonces, a partir de ese momento, ya empieza a darse un desarrollo normativo muy relevante en el país y que ha sido referente mundial y latinoamericano. Particularmente atendiendo a consideraciones de orden financiero y de orden macroeconómica de economías como las nuestras, en las cuales se ha vinculado que los recursos y el capital del sector privado para el desarrollo de infraestructura pública, particularmente vías, aeropuertos y puertos.
Y en términos de 10 años, el desarrollo normativo ha sido muy profundo y exitoso, y de eso pueden dar cuenta la cantidad de proyectos que hoy en día se están desarrollando y culminando gracias a las asociaciones público-privadas. Como lo ha resaltado el Banco Mundial y el documento de Doing Business, en el cual reconoce el estado de vanguardia y el estado del arte de la normativa colombiana con relación al desarrollo de infraestructura.
360 Revista: ¿Cuáles son los principales desafíos legales y regulatorios en el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país?
Matías Londoño: Considero que, más que un desafío regulatorio, estamos comenzando a sobrerregular ciertos asuntos. La regulación ya existe y el marco normativo está establecido; simplemente, debemos aplicarlo con criterios de eficiencia y eficacia, buscando la armonización de las instituciones para un desarrollo efectivo.
Con esto quiero decir que todos los agentes vinculados, de una forma u otra, al desarrollo de la infraestructura —incluyendo órganos de control, entidades del Gobierno, agencias gubernamentales como la Agencia Nacional de Infraestructura y, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) con el licenciamiento ambiental— deben entender cómo funciona el esquema de APP. En este momento, creo yo, existe la necesidad de empezar a desarrollar y aplicar el marco normativo que ya tenemos, que ya es lo suficientemente robusto. En resumen, creo que ya tenemos un sistema lo suficientemente maduro para ser eficiente y eficaz en el desarrollo de infraestructura.
360 Revista: En algunas regiones del país, se puede evidenciar un alto déficit en la construcción de viviendas ¿Qué estrategias deberían implementar los gobiernos locales y nacionales para promover los proyectos de infraestructura en el país?
Matías Londoño: Bueno, hasta el momento, el sector de la vivienda no ha estado particularmente vinculado con la ANI. El desarrollo de vivienda en el país se hace a través del Ministerio de Vivienda y ha tenido un avance notable en los últimos dos Gobiernos anteriores a este, por lo menos el Gobierno Santos tuvo su política de las de las 100.000 viviendas, durante el Gobierno de Iván Duque, con el ministro Malagón, también se le dio mucho énfasis.
Este Gobierno inició bajo la premisa de que el enfoque del sector vivienda del Ministerio de Vivienda no sería particularmente el desarrollo de vivienda en los territorios, sino la profundización en la construcción de obras que proveyeran servicios de acueducto y alcantarillado, productos de obra pública de saneamiento básico
¿Qué está sucediendo? Como ha sido noticia, creo que el sector de la vivienda se ha visto afectado por la eficiencia del Gobierno en la entrega de subsidios y en la continuidad de las políticas públicas para la adquisición de viviendas. La política pública era robusta, era sólida y lo que debería hacer en mi concepto, el Gobierno nacional debe retomar las acciones que se venían desarrollando en los últimos 10 años en el sector y enfocarlo como un gran dinamizador de la economía y como una medida anticíclica ante las dificultades macroeconómicas que afronta el país actualmente.
360 Revista: ¿Cuál es su visión sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social en proyectos de infraestructura, desde una perspectiva legal?
Matías Londoño: En este aspecto, se ha avanzado con las minutas de los proyectos 5G que ya se han puesto en contratación. Las que tengo entendido que se están formulando desde la ANI para la sexta generación tienen un fuerte enfoque ESG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo, por sus siglas en inglés) abordando especialmente la conservación y preservación del medio ambiente. También pone énfasis en que la infraestructura vaya de la mano con unos elementos pensados para el cambio climático y atender las dificultades climáticas que puedan sufrir las obras.
Sobre este particular, creo que Colombia ha avanzado, pero, como siempre, ahora se tienen mucho más por hacer. Tengo entendido también que las financiaciones o inversiones de infraestructuras, por lo menos las provenientes del exterior, tienen un fuerte énfasis en que la inversión que se haga debe contar con criterios ambientalmente sostenibles o, por lo menos, debe integrar elementos de ESG para que las inversiones se puedan realizar.
Entonces, posiblemente, esos incentivos de dónde está la inversión, han sido percibidos por el Gobierno y por la Agencia Nacional de Infraestructura, y es en función de estos que se seguirán implementando elementos de responsabilidad y conservación ambiental dentro de los dentro de los contratos. Y es lo que veremos a futuro como elementos diferenciadores de ofertas económicas eminentemente económicas en procesos de selección futuros, seguramente empezaremos a ver mucha más integración de puntaje adicional por propuestas que integren consideraciones sobre el medio ambiente o conservación del medio ambiente.
360 Revista: ¿Cómo impactan de manera positiva y de manera tal vez negativa las leyes y regulaciones en el financiamiento y la ejecución de proyectos de infraestructura a gran escala?
Matías Londoño: La financiación de estos proyectos se ve más afectada por las condiciones macroeconómicas propias del país que por la regulación financiera específica. Es esencial que estas condiciones resulten atractivas para los inversores que deseen destinar recursos en Colombia. No solo enfrentamos un panorama macroeconómico desafiante, como evidencia el reciente indicador de crecimiento del país, sino que también las señales provenientes del Gobierno nacional para atraer inversión han sido menos alentadoras. La inversión, que disminuyó en un 20 % según el último informe, se ve fuertemente influenciada por la confianza en el sector. La responsabilidad de fomentar y motivar esta confianza recae principalmente en el Gobierno nacional, a través de la formulación e implementación efectiva de políticas públicas, así como la vigilancia y cumplimiento de los contratos ya existentes.
Entonces, más que legislación financiera que promueva las inversiones, que seguramente debe haber puntos por mejorar, creo que para la atracción de la inversión extranjera y para promover el financiamiento de estas obras, lo principal es dar tranquilidad y certeza a los inversores, y eso se da a través de una política pública coherente, de unos mensajes claros del Gobierno.
Este contenido hace parte de la octava edición de Revista 360 que cuenta con la participación de más de 70 invitados de todos los principales sectores económicos, productivos y políticos de Colombia. Ministros, líderes gremiales, líderes en áreas de la construcción, sectores bancarios, logística e infraestructura, telecomunicaciones, gobernantes regionales, analistas, economistas, entre otros.
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