EDITORIAL
Nuestro editorial para el día de hoy no podría ser distinto a referirnos a la grave situación que sufre el país respecto al escalamiento del conflicto no solamente verbal, sino también en las acciones entre una parte de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas legalmente constituidas en nuestro país.
Han ocurrido distintos sucesos lamentables en los que se ha evidenciado que la Fuerza Pública no solamente ha hecho uso excesivo de la fuerza y de las facultades que se le confieren sino también ha violado tajantemente los derechos humanos en cientos de procedimientos.
No faltara más que desde este medio de comunicación pretendamos ejercer una autoridad ni mucho menos propiciar un juicio. Aunque suene desgastante, confiamos en las autoridades para que den con los responsables de cada hecho para que cada oficial asuma sus responsabilidades y para que ningún crimen quede en la impunidad venga de donde venga.
Hace unas semanas, abordamos en este medio de comunicación nuestra preocupación por lo que significaba que la Policía y el Ejército estuviese resultando como el último lugar en que cientos de colombianos estaban buscando un empleo, personas que jamás habían soñado ser policías o soldados, o simplemente el afán por parte del gobierno anterior y de este Gobierno de amentar el número de oficiales activos en las filas terminara por abrir una puerta gigantesca a cualquier tipo de personas y eso trajera consecuencias negativas a la hora de cada actuación por parte de las autoridades. Creemos que lamentablemente el tiempo nos está dando la razón; cualquier persona no puede ser policía o soldado y eso lo hace más complejo en un país tan inequitativo, centralizado y desequilibrado como Colombia.
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Hemos visto cómo la confianza, la seguridad y la comunicación entre civiles y Fuerza Pública se ha ido minando en los últimos meses. Cómo desde las protestas desde el mes de noviembre del año anterior hay más resistencia hacia la autoridad. Cómo también desde hace muchos años cientos de policías son víctimas de ataques por parte de combos delincuenciales, donde la sociedad colabora, donde a la Policía no se le respeta; como también en otros casos aislados ha ocurrido que ciudadanos terminan por atropellar a agentes de tránsito por evitar una multa o un retén.
Es responsabilidad del Gobierno intervenir directa y contundentemente en esta situación. Permitir que se siga escalando de manera tan abrupta en una relación hostil entre ciudadano y policía o soldado, solamente nos lleva a un Estado de anarquía y de profunda desconfianza y a caldear los ánimos de cada una de las partes.
Es triste lo que vive hoy Colombia respecto a esta situación, no vemos un liderazgo en los estamentos del Estado que tendrían que enfrentar esta coyuntura. Todo lo contrario, vemos a algunos líderes antiestablecimiento, de corrientes de izquierda, felices celebrando y echando leña al fuego con cada error de las autoridades, con cada lamentable error en un procedimiento porque lo único que les interesa es que el Estado se encuentre desestabilizado para luego sacar réditos políticos y eso no es ningún secreto para nadie.
Es un compromiso el que tienen que ejercer los actuales alcaldes, gobernadores, el ministro de Defensa, el presidente de la República y los mismos congresistas para establecer un nuevo orden de procedimientos en donde se garantice el respeto a los derechos de cada ciudadano, en donde también se le garantice la seguridad a cada efectivo de la Policía y del Ejército, y en donde la tecnología nos sirva para evidenciar qué es lo que sucede en cada momento. No podemos quedarnos con versiones a medias, con conclusiones ligeras, con inferencias políticas. No podemos darle espacio a que quienes desean fervientemente sembrar un Estado de caos, de anarquía, de desobediencia civil se salgan con la suya.
