EDITORIAL
Nuestro editorial para el día de hoy tiene que estar relacionado con los desmanes que han tenido lugar en las principales ciudades capitales de nuestro país, supuestamente por cuenta de una indignación ciudadana motivada por el asesinato del señor Javier Ordóñez en la ciudad de Bogotá a manos de uniformados de la Policía Nacional.
En primer lugar, como medio de comunicación queremos rechazar y condenar tan lamentable suceso que nunca debió ocurrir, que no se debe repetir y que tampoco debe esto indicar una generalización a las conductas, maneras y procedimientos de la Policía de todos los colombianos. No podemos caer en ese juego tan peligroso que es estigmatizar a toda una institución, trazar una línea y tacharlos por el error de unos pocos; esto tampoco puede servir para mirarlo como un caso aislado que no se tiene que atender, analizar y corregir desde la raíz.
La violencia ha estado presente en toda la historia de Colombia a pesar de los intentos que se han hecho, de los acuerdos que se han firmado; no conocemos un solo día en paz. Y es que la guerra, la violencia, la inseguridad y toda clase de enfrentamientos, de confrontación y de momentos donde se cobran vidas humanas, tiene una connotación negativa, y Colombia se ha quedado tranquila en una poltrona con esta situación; aunque los esfuerzos han sido innumerables poco o nada se ha avanzado.
La vida privada del señor Javier Ordóñez podrá indicar decenas de comportamientos negativos y seguramente su comunidad es la que conoce el contexto de los hechos y las mismas autoridades tendrán que relatar ante las autoridades competentes lo sucedido. Nada justifica que un ciudadano aprehendido por la Policía, al infringir una ley consignada en el código de penal, sea asesinado a manos de los uniformados.
Lo que es procedente, lo correcto y para lo que está fundamentada la Policía es para que en los casos donde no hay enfrentamiento sean quienes conduzcan a los detenidos ante las autoridades competentes, y en los casos de inseguridad extrema, de violencia y enfrentamientos que brinden protección a las personas que están dentro del marco de la ley.
Entendemos que para la Policía y el Ejército no han sido tiempos fáciles, lastimosamente son el último lugar de trabajo de miles de colombianos, personas que no nacieron para ser policías ni mucho menos soldados, no tienen la convicción. Entran allí porque ven una salida fácil a una situación transitoria de desempleo, a una jubilación segura, a una estabilidad y a poder completar algo de tiempo y servicio en estas instituciones. Sin embargo, esto ha traído que se pierda la doctrina y los dictámenes principales tanto del cuerpo policial como militar y han desencadenado en sucesos lamentables que el país ha conocido de manera recurrente.
Se necesita una reforma estructural, para la Policía y el Ejército es una realidad que no se puede ocultar, pero tampoco se puede pretender acabar con estas instituciones.
La violencia a nada conduce, y lo que hemos visto en las últimas horas es cómo unas turbas enceguecidas por la rabia, odio y resentimiento, unos con causas más justas que otros, otros sin causas con banderas de Palestina, con cantos políticos y toda clase de sandeces, han querido acabar con los CAI, con estaciones de Policía, con ropiedad privada y con el patrimonio público sin importarles absolutamente nada. Y son los mismos de siempre, los mismos que esperan una revuelta para salir a hacer desorden tirando piedras y enfrentarse con el que se les atraviese.
En ningún momento quisiéramos criminalizar la protesta. La defendemos en su totalidad siempre y cuando sea pacífica, la que realmente tiene orígenes fundamentados, que busca movilizar causas sociales, colectivas y que busca los intereses supremos. No marchas políticas de indignación carentes de fundamentos que tienen como objetivo destruir.
Esperamos que quienes tienen que actuar, lo hagan; que quienes tienen que dictar un camino, lo hagan y que prime siempre la legalidad, el orden público y el interés común.