En un giro inesperado que ha puesto bajo la lupa los procesos administrativos del sistema judicial colombiano, se confirmó que la Fiscalía General de la Nación hizo efectiva la suspensión de una orden de captura en favor de Mariano Alberto Tara, conocido en el mundo criminal como “El Montañero”. Lo insólito del caso no es solo el levantamiento de la medida, sino que el beneficio se otorgó utilizando una cédula de ciudadanía que, según los registros oficiales, ya no tiene validez legal.
El procedimiento, que forma parte de los protocolos necesarios para facilitar acercamientos en el marco de políticas de paz o beneficios jurídicos, ha generado una fuerte controversia. Fuentes cercanas al ente investigador revelaron que los documentos utilizados para formalizar la suspensión corresponden a una identidad que fue dada de baja o modificada en las bases de datos de la Registraduría Nacional.
Dudas sobre el caso de «El Montañero» y la fiscalía
Este vacío documental plantea serios interrogantes sobre los filtros de verificación que se aplican al momento de emitir resoluciones de tal magnitud. Alias «El Montañero», señalado por las autoridades como un actor determinante en estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá y otras regiones de Antioquia, se encuentra ahora en una posición jurídica ambigua debido a este desfase administrativo.
Mariano Alberto Tara ha sido identificado históricamente como uno de los cabecillas de la organización conocida como «El Mesa», con una fuerte influencia en el municipio de Bello.A pesar de su perfil de alta peligrosidad, la suspensión de su captura busca, en teoría, permitir su participación en espacios de diálogo. Sin embargo, el hecho de que el trámite se haya realizado con una identidad inexistente podría invalidar el proceso o, en el peor de los casos, facilitar maniobras de evasión ante la justicia.
Expertos en derecho penal sugieren que este incidente podría deberse a una falta de sincronización en tiempo real entre la Fiscalía y las entidades de identificación del Estado. Cuando una persona cambia su identidad por motivos de protección o cuando un número de cédula es cancelado por irregularidades, el sistema judicial debería actualizarse automáticamente para evitar que las órdenes de captura o sus suspensiones queden ligadas a «fantasmas» jurídicos.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un comunicado oficial aclarando si se trató de un error tipográfico, una negligencia de los funcionarios encargados o una estrategia de la defensa del procesado para generar confusión procesal. Lo cierto es que, sobre el papel, la orden contra «El Montañero» no está vigente, pero el nombre asociado a esa libertad técnica no corresponde a un ciudadano legalmente activo.
Lea también: Sergio Fajardo lanza dura crítica contra Abelardo de la Espriella
