El presidente electo, Abelardo De la Espriella, asumirá el cargo el 7 de agosto con la promesa de fracking, nuevos contratos y «vía libre» para la inversión. No obstante, entre el Acuerdo de Escazú, la consulta previa y una Corte Constitucional que ya frenó tres paquetes de decretos a Petro, el verdadero examen de esta reactivación no ocurrirá en campaña, sino en los tribunales y en el Congreso.
Colombia cierra un ciclo de cuatro años en el que el sector minero-energético fue, ante todo, un campo de batalla ideológico. Desde 2021 no se han firmado nuevas rondas de exploración de hidrocarburos. Según el último informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de gas cayeron 54,6% entre 2018 y 2025, situándose en 1.717 gigapiés cúbicos, el nivel más bajo en décadas. Las incorporaciones de petróleo por nuevos descubrimientos se desplomaron 95,3% frente al promedio histórico de 2012-2018. Actualmente, el país perfora 45 pozos exploratorios al año, a diferencia de los 110 a 130 que se perforaban entre 2010 y 2014.
Este es el panorama que hereda Abelardo de la Espriella, proclamado presidente electo tras imponerse por un margen de 250.830 votos, para el periodo 2026-2030. Su promesa de duplicar la producción petrolera a 1,3 millones de barriles diarios, autorizar el fracking «responsable» y recuperar entre 15 y 20 billones de pesos en regalías, es la respuesta teórica a ese diagnóstico. Sin embargo, en la práctica, el mayor desafío no es la voluntad política, sino el entramado jurídico que el Estado construyó en la última década y que ningún decreto presidencial puede desmontar de un plumazo.
El freno a la exploración fue una decisión deliberada del gobierno de Gustavo Petro. El resultado es una industria que sobrevive de la gestión de lo ya descubierto: en 2025, Colombia solo repuso 94 de cada 100 barriles extraídos, y el índice de reposición de gas retrocedió 32 puntos porcentuales frente a 2024. Ecopetrol concentra el 82% de la producción y el 88% de las reservas del país.
A esta parálisis se sumó una carga tributaria creciente. En diciembre de 2025, tras el hundimiento de su reforma tributaria, el gobierno decretó el estado de emergencia económica e impuso, entre otras medidas, un impuesto del 1% a la primera venta de petróleo y carbón, una contribución parafiscal del 2,5% sobre utilidades y un impuesto al patrimonio empresarial del 1,6%.
El 9 de abril de 2026, la Corte Constitucional declaró inexequible dicho decreto de emergencia en una votación de seis contra dos, al considerar que el Ejecutivo se extralimitó en sus competencias. Este antecedente no solo desmonta, por ahora, los tributos que asfixiaban al sector, sino que deja una lección para cualquier gobierno, incluido el de De la Espriella: no se puede gobernar la economía por decreto en lugar de tramitar las reformas por la vía ordinaria del Congreso.
A esto se sumó la prohibición de exportar carbón a Israel, una medida ejecutiva de alto impacto sectorial que actualmente está demandada ante el Consejo de Estado bajo el argumento de que desconoce el tratado de libre comercio vigente.
Escazú: el tratado que ya es ley y sentencia
El Acuerdo de Escazú no es una promesa que un nuevo gobierno pueda ignorar; es derecho vigente. El Congreso lo ratificó mediante la Ley 2273 de 2022 y la Corte Constitucional lo declaró exequible en agosto de 2024. El artículo 23 no admite reservas: se suscribe en su totalidad o no se suscribe. El próximo gobierno solo puede cumplirlo, denunciarlo formalmente ante la ONU, un paso de alto costo diplomático, o convivir con él mientras construye sus propios instrumentos de implementación. La administración de De la Espriella deberá asumir la hoja de ruta que está en consulta pública desde enero de 2026, con su ministro de Ambiente, Fabio Arjona, al frente.
El problema real para el sector no es Escazú como texto jurídico, sino el estándar de participación ciudadana que refuerza y que cualquier intento de «agilizar» licencias por decreto deberá respetar para no contradecir el piso normativo existente.
El segundo obstáculo es la ausencia de una ley estatutaria que unifique el mecanismo de consulta previa. Hoy, este proceso depende de una acumulación de sentencias, decretos y protocolos internos sin un procedimiento único. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ha señalado que la consulta no puede convertirse en un mecanismo de «chantajes», pero tampoco puede vaciarse de contenido sin violar derechos fundamentales.
A esto se suma el problema administrativo: un proyecto minero o petrolero debe transitar por el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Ambiente, la ANLA y las agencias mineras o de hidrocarburos, sin una ventanilla única. Campetrol ha enfatizado que la soberanía energética requiere procesos ambientales y de consulta más ágiles y predecibles.
El fracking: la promesa central choca con una moratoria judicial
El fracking es el punto donde la distancia entre la promesa de campaña y la realidad jurídica es más amplia. Existe una moratoria judicial decretada por el Consejo de Estado que suspende el marco reglamentario mientras se resuelve una demanda de nulidad. Además, la sentencia T-514 de 2023 de la Corte Constitucional confirmó la violación de derechos en proyectos anteriores. El gobierno entrante sabe que no puede simplemente «levantar» la moratoria por decreto: deberá litigar o negociar la salida del proceso en el Consejo de Estado y probablemente impulsar una regulación propia en el Congreso.
José Manuel Restrepo ha indicado que el nuevo gobierno expedirá un decreto para habilitar nuevos contratos de exploración, revirtiendo la política de no adjudicación. Esa es una decisión que corresponde al Ejecutivo y no requiere pasar por el Congreso. La diferencia es clara: reabrir contratos es una decisión administrativa, mientras que modificar estándares de consulta previa, licenciamiento ambiental o compromisos derivados de Escazú requiere ley ordinaria o estatutaria.
Para una reactivación sólida, el gobierno debe actuar en varios frentes:
En el Congreso, impulsar la ley estatutaria de consulta previa con plazos claros.
En los tribunales, resolver de fondo la moratoria del fracking y el déficit de consulta previa.
En la institucionalidad, avanzar hacia una ventanilla única para coordinar a las cinco entidades que intervienen en los proyectos.
En lo internacional, cumplir la hoja de ruta de Escazú y resolver la demanda sobre el carbón a Israel.
En lo fiscal, definir con el Congreso un régimen tributario definitivo.
El diagnóstico es claro: el país agotó su colchón de reservas y la ANH advierte de un posible déficit de gas desde 2026 y de petróleo hacia 2030 si no se retoma la exploración. La promesa de duplicar la producción y generar 150.000 empleos responde a una necesidad fiscal real. No obstante, la experiencia reciente demuestra que el sector no se reactiva por discurso. El gobierno de De la Espriella llega con la voluntad política más clara en años; ahora le falta transitar el camino técnico que convierte esa voluntad en seguridad jurídica real.