El salario mínimo no solo define el ingreso base de millones de trabajadores en Colombia. Cada año, su ajuste termina teniendo efectos colaterales en distintos sectores de la economía, entre ellos el de la vivienda social, donde los precios de las Viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) siguen estrechamente vinculados a este indicador.
Antes del 30 de diciembre se conocerá el incremento del salario mínimo para 2026, luego de que las negociaciones entre gremios empresariales y centrales sindicales no prosperaran, se espera la decisión quedará en manos del presidente Gustavo Petro, aunque el aumento busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, su impacto va mucho más allá de quienes reciben directamente este ingreso.
El ajuste del salario mínimo para 2026 podría encarecer las viviendas VIS y VIP
En la última década, el país avanzó en la desindexación de más de 200 cobros que antes crecían automáticamente con el salario mínimo. El objetivo fue evitar que aumentos elevados se trasladaran de forma generalizada a los precios, alimentando la inflación. Sin embargo, la vivienda social quedó por fuera de ese proceso y continúa dependiendo de este referente.
Según la normativa vigente, el valor máximo de una vivienda VIS está fijado en 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para 2025, ese tope equivale a 213.525.000 pesos. En el caso de la vivienda VIP, el límite es inferior, pero también está expresado en salarios mínimos, lo que expone a ambos segmentos a los cambios anuales del ingreso base.
En la práctica, aunque algunas constructoras comercializan inmuebles por debajo del tope, es frecuente que los contratos establezcan el precio final en función del salario mínimo vigente al momento de la entrega. Esto implica que una familia puede iniciar el proceso de compra sin conocer con certeza cuánto terminará pagando por su vivienda.
Este mecanismo introduce un riesgo adicional para los hogares, especialmente en contextos de incrementos elevados. Un aumento mayor al esperado del salario mínimo puede traducirse en un alza súbita del precio final del inmueble, afectando la planeación financiera de los compradores y, en algunos casos, poniendo en duda el cierre del negocio.
Aunque el porcentaje definitivo para 2026 aún no se conoce, distintos analistas estiman que el ajuste podría ubicarse alrededor del 13 %. De confirmarse este escenario, el valor máximo de una vivienda VIS subiría a 241.283.250 pesos, lo que representa un incremento cercano a 27,7 millones de pesos frente al tope actual.
Los subsidios a la vivienda también están expresados en salarios mínimos, por lo que crecen con el ajuste anual. Las cajas de compensación familiar otorgan apoyos de hasta 30 salarios mínimos para hogares con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, y de 20 salarios mínimos para aquellos con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos.
Con un aumento del 13 %, el subsidio más alto crecería en poco más de 5,5 millones de pesos. Aunque este mayor respaldo ayuda a amortiguar el encarecimiento de la vivienda, no logra compensarlo completamente, lo que obliga a las familias a asumir una mayor carga financiera.
Desde el Gobierno se reconoce la dificultad. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha planteado la necesidad de que el precio de las viviendas deje de calcularse en salarios mínimos, con el fin de reducir la incertidumbre y proteger el acceso a la vivienda. La discusión podría tomar forma en 2026, en medio del reto de equilibrar ingresos, precios y sostenibilidad del sector constructor.
