La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, advirtió este viernes 24 de julio que la entrada en vigor del arancel adicional del 12,5 % impuesto por Estados Unidos representa un riesgo para el empleo y la competitividad de las principales ciudades del país.
Así las cosas, mencionan que con la entrada en vigor del arancel del 12,5 %, Colombia pasa a enfrentar una carga superior a la de países como México, Ecuador y varias naciones de Centroamérica, que seguirán exportando hacia Estados Unidos bajo una tarifa del 10 %.
Aunque productos como el café, el banano, el petróleo, el carbón y el oro quedaron excluidos de la medida, Asocapitales señaló que las mayores afectaciones se presentarían en actividades manufactureras y productivas que actualmente brindan trabajo a un sector importante de las ciudades, entre ellas la floricultura, las confecciones, la industria textil, el vidrio, el aluminio arquitectónico, los plásticos, la agroindustria procesada y la producción cosmética.
De acuerdo con Asocapitales, Bogotá y la Sabana, Medellín y Barranquilla presentan una exposición alta, mientras que Cali, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta e Ibagué registran un nivel de exposición medio, con posibles consecuencias sobre el empleo formal, la actividad portuaria y logística y el recaudo territorial proyectado para 2027.
Por lo tanto, la asociación hizo un llamado al Gobierno Nacional para adoptar medidas que permitan reducir el impacto del empleo relacionado con las exportaciones colombianas. En ese sentido, piden expedir de manera inmediata la norma que prohíbe la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, tema que llevó a que Colombia terminara con este nuevo arancel.
Finalmente, Asocapitales pidió instalar una mesa nacional con los gremios exportadores, las cámaras de comercio y las ciudades capitales para coordinar una respuesta conjunta; implementar medidas de protección al empleo para los sectores productivos más afectados; y garantizar que este tema haga parte de las prioridades del proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante para asegurar la continuidad de la gestión diplomática y comercial antes del cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto.