La protesta pacífica es un derecho fundamental y debemos defenderlo. En una democracia, expresar la inconformidad y exigir cambios es legítimo. Pero ningún derecho puede ejercerse desconociendo los derechos de los demás. Nuestra Constitución, en su artículo 69, garantiza la autonomía universitaria. Debemos protegerla: las universidades son espacios de pensamiento, debate, investigación y formación, y su autonomía frente al Estado es fundamental para una democracia.
Pero autonomía universitaria no puede confundirse con ausencia de ley. Cuando se presentan hechos de violencia, vandalismo o la comisión de delitos, deben existir mecanismos para que las autoridades puedan actuar, siempre dentro de la Constitución, la ley y respetando los derechos fundamentales. Una manifestación no puede terminar impidiendo que un trabajador llegue a su casa, que una persona pueda cumplir con su jornada laboral o que un estudiante pueda asistir a sus clases. Tampoco es justo que miles de estudiantes vean afectada su carga académica y sus actividades universitarias por actos en los que no participan.
Por eso, frente a la posibilidad de que la Fuerza Pública ingrese a las universidades cuando existan situaciones que lo ameriten, debemos hablar de equilibrio y garantías, no de persecución. Quien protesta pacíficamente debe poder hacerlo. Quien comete un delito debe responder ante la justicia. La universidad debe seguir siendo un espacio para pensar, debatir y transformar la sociedad, no un lugar que pueda utilizarse como escudo para evadir la acción de la justicia.
Defender la autonomía universitaria, proteger la protesta pacífica y garantizar la seguridad de todos no son posiciones contradictorias. Porque en democracia, nuestros derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los demás.
Por: Óscar Sánchez León – @OscarSanchez10_
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