La concejala de Medellín por el partido Centro Democrático, Nataly Vélez, habló para 360 Radio sobre la actualidad de la infancia en Medellín en medio de la pandemia producida por el covid-19, tanto en el marco de la violencia sexual a menores, que derivaría ya en cadena perpetua, como en el acceso a la educación virtual a los menos favorecidos.
360:
La violencia en contra de las mujeres y niños en esta cuarentena ha incrementado. ¿Cómo analiza estos casos?
Nataly Vélez (N.V.):
El tema de la violencia intrafamiliar a menores ha venido teniendo un incremento exponencial con el confinamiento, no observamos entornos protectores para ellos. Durante el año 2019 se presentaron 4.100 casos de violencia intrafamiliar a menores, de los cuales 1.008 fueron niños entre los 0 y 5 años. Hago énfasis en estas edades porque es la primera etapa de la vida donde arranca el proceso formativo del menor, se forma el 85 % de su capacidad cognitiva, el proceso de aprendizaje. En esas edades necesitan una especial atención y buenas pautas de crianza, es un infortunio que los índices de violencia intrafamiliar en esta población estén aumentando.
Así mismo, se presentaron 1.758 casos de delitos sexuales a niños y niñas, 394 de ellos fueron hechos a niños entre los 0 y 5 años. Hemos sido insistentes desde muchos aspectos: seguir trabajando en la prevención con políticas públicas claras y concretas, como es el programa Tejiendo Hogares que viene de la administración anterior, el programa de Entornos Protectores, el de Parceros,
Hay algo bien preocupante: el de reclutamiento, uso y vinculación de menores. También un tema de atención con un restablecimiento correcto de derechos y judicialización efectiva, algo que hemos insistido en gran manera.
Logramos que de 65 propuestas de enmienda quedaran incluidas 42. Logramos incluir un tema de grupos especiales del delito que es muy importante desde la Secretaría de Seguridad analizar cómo actúan los victimarios en ciertos delitos, como sexuales, explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, y otros grupos especiales del delito como homicidios y extorsión; no todos los delitos se comportan de igual forma, no todos se entienden de igual manera y no todos pueden ser abordados igualmente.
Fuimos insistentes en la discusión del plan de desarrollo a la hora de incluir unos temas fundamentales como el de la inserción laboral de jóvenes recién graduados, que es muy importante como un indicador específico que no estaba en el anteproyecto presentado por la administración municipal, tasa de formalización laboral, fondo de fomento para la industria turística, y en materia de infancia y adolescencia créditos otorgados desde el Banco de las oportunidades para madres cabeza de familia. Ellas tienen una enorme dificultad, se quedan solas con muchos hijos sin una oportunidad laboral, sin quién les cuide sus hijos y por eso es fundamental que desde el citado banco se fortalezcan esos pequeños emprendimientos para acompañar a los menores.
Logramos cambiar un indicador que hablaba de atender 674 niños con discapacidad en el programa Buen Comienzo, una cifra irrisoria. Le insistimos a al administración y a la secretaria de Educación que se debe atender el ciento por ciento de los niños con cualquier tipo de discapacidad en el programa Buen Comienzo, y qué bueno llevarlo a la educación superior. Así mismo, la intervención del ciento por ciento de las instituciones educativas para que sean accesibles a la población con discapacidad, una línea específica en cuanto a la violencia intrafamiliar, una línea específica de atención, un grupo interdisciplinario detrás de esta línea que pudiera entender lo que están viviendo nuestros menores, que pudieran analizar su situación, direccionar una ruta específica; logramos que esto quedara en el plan de desarrollo
360:
¿Cuál es su opinión de la decisión de la Alcaldía de postergar el ingreso a los centros educativos de los niños, en los establecimientos oficiales, hasta el próximo año?
N.V.:
Nadie estaba preparado para esta situación producida por la pandemia. Nuestros menores tienen enormes dificultades en la virtualidad, a pesar de eso resalto la apuesta que se haga de aplazar el inicio de clases presenciales hasta el próximo año porque es difícil enseñarles a nuestros menores el distanciamiento social, el uso del tapabocas; muchos de nuestros niños viven con sus abuelos, lo que los convertiría en vehículos transmisores del virus. Por eso fuimos insistentes en que el inicio de clases no debe darse ahora, máxime cuando la infraestructura educativa pública en nuestra ciudad no es la más adecuada, pues muchas veces los baños tienen las baterías sanitarias malas, no hay condiciones óptimas de bioseguridad, los restaurantes no tienen la capacidad para el distanciamiento, en muchas instituciones hay una cantidad superior de alumnos superior a la que debería existir.
Teniendo en cuenta estas dificultades, planteamos a la Secretaría de Educación que se inicien las clases el próximo año, pero cuál es el corte que se va a tener en la actualidad sabiendo que ya arrancó el tema de la virtualidad. Corte, por ejemplo, en referencia a cuántos niños tienen computador, acceso a Internet y herramientas tecnológicas. Es fundamental que se haga ese censo y que la Secretaría acompañe y garantice el acceso en lo referido a la virtualidad. Solicitamos a dicha Secretaría que por medio de Une Telecomunicaciones se pudiera llegar a más familias para que haya virtualidad, o una entrega de computadores que les va a seguir sirviendo para el desarrollo de sus actividades escolares. Si vamos a seguir así, donde muchos no tienen acceso a la virtualidad, va a ser muy difícil.
También, hemos iniciado con nuestro equipo de trabajo un voluntariado para acompañar a los menores en el desarrollo de sus actividades académicas. Vimos enorme dificultad de los padres de familia trabajando desde el hogar.
!["¿Que si estoy de acuerdo con aprobación de cadena perpetua para violadores? ¡Estamos muy contentos!", Nataly Vélez en 360 1 Nataly Vélez](https://360radio.com.co/wp-content/uploads/2019/09/Nataly-Vélez-1024x683.jpg)
360:
La cadena perpetua en Colombia ha sido aprobada por el Congreso de la República, sin embargo, le espera que curse por la Corte Constitucional. Para algunos expertos juristas se va a caer por ir en contravía de uno de los artículos fundamentales de esa carta magna.
¿Está de acuerdo con la aprobación de la cadena perpetua?
N.V.:
¿Que si estoy de acuerdo?… ¡Estamos muy contentos! En el año 2016 fui a buscar a Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez, a la ciudad de Bogotá y le dije que quería acompañarla, desde Medellín, en el proceso de recolección de firmas. Unos meses después, vino Yohana a la capital antioqueña a instalar el comité promotor de recolección de firmas de cadena perpetua para violadores, abusadores de niños y niñas. Ahí arrancó todo ese proceso y empezó ese sueño, estoy convencida que este país debía haber aprobado, como ocurrió, la cadena perpetua para violadores, abusadores y asesinos de menores con el proyecto de acto legislativo, que precisamente busca reformar la Constitución.
Luego, hicimos una reunión en el parque Boston, donde nací, (centro de Medellín) con varios precandidatos a la Presidencia de la República: Iván Duque, Rafael Nieto, Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo, entre otros. El único que se comprometió de forma pública a que no terminaría su gobierno sin implementar la cadena perpetua para violadores fue Iván Duque. Seguimos durante varios años defendiendo esto, estábamos convencidos que debía darse de una vez por todas.
Estuvimos bien cerca cuando algunos congresistas de la Comisión Primer del Senado intentaron dilatar y se querían hacer valer de algunas triquiñuelas para que no fuera aprobado antes del 20 de junio. Siempre fui insistente, era la primera vez que esta iniciativa tuvo el apoyo del Gobierno Nacional. Los errores judiciales no podían ser el argumento para no aprobar el acto legislativo de cadena perpetua para violadores, abusadores y asesinos de menores, y hay que seguir fortaleciendo la investigación, la justicia y formar a quienes toman esas decisiones para que lleven a cabo la decisión adecuada al momento de culpar o no culpar a un individuo por temas de abuso sexual, violación u homicidio de menores.