Plantear este tipo de discusiones o de preguntas, abrir estas conversaciones, podrían ser catalogadas como preguntas negativas, como escritos negativos en medio de la necesidad de hablar de cosas positivas, en noticias que generen esperanza y regocijo, sobre todo un día como hoy, domingo.
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Quisiéramos pedirles a nuestros lectores que no aprecien este editorial de manera negativa, porque lo que queremos es realmente tocar un dilema ético y profundo, más allá de la política, del cálculo electoral y de las ideologías, que de verdad nos tienen que llamar a ciertas consideraciones respecto a lo que ocurre con los gobiernos en Colombia y a todos los gobiernos locales, regionales y nacionales. Por ahí no se escapan algunas empresas privadas, pero en este caso el sector público, y más con los hechos conocidos durante esta semana, son los que han agobiado la esperanza, la credibilidad, la mente y el estado de ánimo de las personas.
Creemos no exagerar con lo que decimos porque es realmente contrario, es un sabor agrio, incomible, indigerible, que se sale de la lógica que ha tenido una ideología política, que ha tenido un grupo de políticos vendiéndose 30 años como el cambio, como los impolutos, como los salvadores, señalando, atacando, criticando, denunciando a muchos gobiernos que obviamente han incumplido la ley, que han cometido delitos.
Pero entonces hay una parte del país que les dice a esta gente: “Vaya usted y gobierne, demuéstrenos que usted es distinto a ellos”. Y cuando uno escucha la frase de Olmedo López, repetida en varias ocasiones, de que “es que llegamos a cambiar y nos cambiaron”, y más o menos el presidente Petro se pliega a ese argumento cuando dice “es que Olmedo López debió denunciar y no acomodarse a esa corrupción”. Pero una vez se conocen los chats de los ministros, las presiones de los asesores, y se suman a esa montaña, ese cúmulo de irregularidades que se han denunciado en este gobierno.
Pues, ¿qué piensa, qué siente la gente que depositó su confianza en esta administración con unos deseos genuinos de cambio, de un buen gobierno, con unas buenas intenciones si se quiere? Y luego, ¿en qué van a confiar esas personas, en quién van a votar si es que les quedan ganas de votar por alguien? ¿Qué pensamientos políticos les quedan a estas personas? Es, en definitiva, necesario hacer esta pregunta porque es que los políticos están fuertemente empeñados en acabar con la confianza, con la poca confianza que les queda a las personas en las instituciones.
Peor aún, se ven las excusas del gobierno: que no, que es que todos lo han hecho, que es que antes era peor, que es que antes se robó un poquito más o un poquito menos. Cada respuesta y cada excusa es peor que la anterior. Entonces, desde todo punto de vista, esto para el país es degradante, es muy nocivo para el estado de ánimo.
Porque debieron preguntarse, bueno, ¿y la plata de mis pensiones que ahora las va a administrar el Estado en buena parte? ¿Qué va a suceder con ellas? ¿Se las van a feriar igual que se las estaban feriando en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo? ¿Qué va a pasar con más impuestos que están recaudando? ¿Qué va a pasar con los impuestos que se están pagando, con el IVA que se está pagando, con los aportes a salud, pensión, y en el caso de las empresas, el ARL? Eso es un sentimiento que para cualquier nación debería ser preocupante, porque podemos llegar a un punto donde la gente diga “mire, yo aquí no confío ni creo en nadie, no confío en nadie, yo no quiero pagar impuestos, no quiero nada con el Estado”, y ojito, ya hay gente que piensa así y hay gente que lo ha hecho. Y la solución no puede ser seguir persiguiendo a esa gente porque es que el Estado se ha encargado de que las personas no confíen en ellos.
De manera que es hora que en formatos diferentes, en escenarios distintos y ampliados, las empresas privadas, la academia, la ciudadanía, si se quiere, movimientos religiosos, empiecen a dar un debate general, necesario y detallado sobre cómo el Estado está administrando los recursos de los colombianos y cómo ejercer, si es que se puede, si es que no es cierto lo que dijo Guido Nule y lo que aparentemente es cierto con los gobiernos colombianos, que el Estado colombiano puede brindar ante la corrupción. Y no se trata además de consultas anticorrupción como la de Claudia López que solo sirvieron para hacerle trampolín político y para derrochar recursos. Se trata de cómo reformar el Estado desde sus cenizas en un estamento ligero, compacto, productivo, competitivo, eficiente, seguro, no derrochón, transparente con la ejecución de los recursos y, sobre todo, que brinde confianza a la ciudadanía.
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