Estado colombiano enfrenta millonaria demanda por intervención de EPS Sanitas

Las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, propietarias de la EPS Sanitas, han dado un paso significativo en su litigio contra el Estado colombiano al presentar una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

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Estado colombiano enfrenta billonaria demanda por parte de los dueños de la EPS Sanitas. La disputa, que se centra en la intervención de la entidad de salud en abril del año pasado, busca una indemnización de 1.200 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 5,2 billones de pesos colombianos, una cifra que podría aumentar conforme avance el proceso.

Las empresas españolas demandan al Estado colombiano por la intervención en EPS Sanitas

De acuerdo con la solicitud oficial radicada el pasado 21 de enero, las empresas españolas argumentan que la intervención realizada por la Superintendencia Nacional de Salud fue arbitraria y discriminatoria, lo que según ellas constituye una «expropiación indirecta».

Las empresas españolas demandan al Estado colombiano por la intervención en EPS Sanitas
Foto: Redes Sanitas

Los demandantes alegan que esta acción violó el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Colombia y España en 2005, afectando gravemente el manejo y disfrute de sus inversiones, así como el cumplimiento del estándar de Trato Justo y Equitativo (TJE).

La defensa de Natanor XXI y Centauro Capital estará a cargo del prestigioso bufete neoyorquino Debevoise & Plimpton, con la participación del reconocido abogado Nicholas Folly. A nivel local, la firma bogotana Rincón Castro Abogados se encargó de asumir la representación de los inversionistas extranjeros.

La intervención de la EPS Sanitas fue anunciada como una «medida preventiva» por el entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien justificó la decisión como una estrategia para evitar la liquidación de la entidad y garantizar el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.

Según la Superintendencia, la acción estaba encaminada a corregir fallas administrativas y proteger el acceso a los servicios de salud.

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En los próximos meses, se espera la conformación del tribunal arbitral que dará inicio formal al proceso de arbitraje internacional. Antes de llegar a una instancia judicial, ambas partes deberán intentar resolver el conflicto a través de una conciliación directa.

En caso de que este mecanismo falle, se procederá a la demanda formal, abriendo la puerta a nuevas oportunidades de conciliación antes de que el tribunal arbitral tome una decisión definitiva.

De acuerdo con informaciones proporcionadas por el diario El Tiempo, este proceso podría extenderse hasta por cinco años, dependiendo de la complejidad del caso y de la disposición de las partes para alcanzar un acuerdo.

Las empresas españolas demandan al Estado colombiano por la intervención en EPS Sanitas
Foto: Redes

Por su parte, la defensa del Estado colombiano estará en manos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, bajo la dirección del exmagistrado César Palomino. Esta entidad tendrá la responsabilidad de presentar los argumentos legales que justifiquen la intervención de Sanitas y desvirtuar las acusaciones de expropiación indirecta.

El caso ha generado gran expectativa tanto en el sector salud como en el ámbito económico y político del país, ya que podría sentar un precedente importante en la relación de Colombia con los inversionistas extranjeros y su compromiso con los tratados internacionales de protección de inversiones.

Entretanto, los afiliados de Sanitas siguen pendientes de los efectos que este litigio podría tener sobre la prestación de los servicios de salud en el futuro.

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