El hecho: Un juzgado especializado decretó la extinción de dominio de una vivienda vinculada a René Higuita.
¿Por qué es importante? La decisión pone fin a un proceso judicial que llevaba más de 20 años.
¿Cuál es el contexto? La Fiscalía sostuvo que el inmueble hizo parte de un esquema para ocultar bienes de origen ilícito.
¿A quiénes afecta y cómo? La decisión define la situación jurídica del inmueble y su administración por parte del Estado.
El dato que no se puede perder: Durante todo el proceso, René Higuita defendió que adquirió la propiedad de buena fe y negó haber conocido antecedentes irregulares sobre el inmueble.
Un juzgado especializado de Medellín resolvió uno de los procesos de extinción de dominio que durante años permaneció en los despachos judiciales del país. La decisión recayó sobre una vivienda relacionada con el exfutbolista René Higuita, un inmueble ubicado en el sector de El Poblado cuya situación jurídica era objeto de disputa desde comienzos de la década de 2000.
El fallo concluyó que la propiedad hizo parte de una cadena de operaciones utilizada para ocultar bienes que, según la investigación, tenían origen en actividades delictivas atribuidas al Cartel de Medellín. Con esa determinación, el bien pasará a formar parte de los activos sometidos al régimen de extinción de dominio.
La investigación que llevó a la extinción de dominio del inmueble de René Higuita
La investigación adelantada por la Fiscalía reconstruyó la historia de la propiedad y estableció que, antes de llegar al patrimonio del exguardameta y de un integrante de su familia, el inmueble pasó por diferentes manos.
Según el expediente, el primer comprador identificado fue Gustavo Cuartas Rendón, señalado de actuar como testaferro de los hermanos William y Gerardo «Kiko» Moncada, quienes fueron reconocidos como integrantes del Cartel de Medellín.
Las autoridades también encontraron evidencias que apuntan a que una escritura pública habría sido alterada mediante la utilización de una firma presuntamente falsificada, situación que permitió continuar con la transferencia del inmueble hasta concretar su venta años después.
Durante todo el proceso, René Higuita sostuvo que la adquisición se realizó de manera legal y aseguró que desconocía cualquier antecedente relacionado con la propiedad o con quienes la habían poseído anteriormente.
El caso no estuvo exento de decisiones judiciales contradictorias. En 2016, un juez civil dejó sin efectos la medida cautelar que pesaba sobre el inmueble, decisión que fue controvertida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que argumentó que la competencia correspondía a la jurisdicción especializada en extinción de dominio.
La controversia llegó incluso a la Corte Constitucional, donde se debatieron los límites de las acciones de tutela en este tipo de procesos y la protección de los bienes que presuntamente provienen de actividades ilícitas.
Con el fallo conocido ahora, la jurisdicción especializada definió el futuro jurídico del inmueble y cerró un capítulo que permaneció abierto durante más de dos décadas.