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Estado colombiano admitió parcialmente responsabilidad en exterminio de la UP

Foto: infobae.com
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El Estado colombiano reconoció parcialmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad por la violación a los derechos humanos en contra de miembros y seguidores del Partido Unión Patriótica (UP).


Por: Redacción 360 Radio

Sin embargo, los demandantes solicitaron una sentencia integral que reconozca a más de 6.000 víctimas por los hechos ocurridos a partir de 1984.

Los jueces escucharon los alegatos finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de los representantes de las víctimas del Estado colombiano, con lo que terminó la audiencia por la persecución contra la UP por al menos, 20 años, que habría dejado miles de victimas de asesinatos, desapariciones, amenazas, desplazamiento, entre otros.

Los hechos habrían sido cometidos por agentes estatales o en complicidad o tolerancia de estos con grupos paramilitares.

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“El Estado reitera que reconoce su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, al reconocimiento de persona jurídica, a la libre asociación, a la libertad personal, a la libertad de circulación, a los derechos políticos y a las garantías y protección judicial”, declaró el agente estatal Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

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El representante pidió en nombre del Estado colombiano perdón a las víctimas, pero aclaró que el reconocimiento se limita a las víctimas “debidamente individualizadas” en la demanda presentada por la CIDH a la CorteIDH.

Según Gómez, estas personas debidamente individualizadas son 219 y no 6.000 que contempla la demanda. “El Estado está comprometido al esclarecimiento integral de la victimización contra los miembros y militantes de Unión Patriótica a través de los mecanismos de la justicia transicional” interna.

Antonia Urrejola, representante de la CIDH, afirmó que “la persecución la Unión Patriótica es un fenómeno complejo y es precisamente el Estado el que ha tenido por varias décadas el deber de esclarecer lo ocurrido a las más de 6.000 víctimas y no lo ha hecho. Las violaciones comparten un vínculo y ocurrieron con participación del Estado en diversas formas, niveles y momentos”.

En el caso están documentos 3.134 casos de privación al derecho a la vida de integrantes y militantes de la Unión Patriótica, 514 desapariciones, 501 amenazas y hostigamiento, 1.600 desplazamientos forzados, 291 tentativas de homicidio, igual que casos de uso arbitrario del derecho penal y cientos de personas cuyo proyecto de vida les fue afectado gravemente.

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