Estas son las irregularidades que tendría el SENA en manejo de recursos públicos

Contraloría General de la República detecta irregularidades en el manejo de recursos públicos por $47.261 millones.

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En una reciente auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría General de la República, se revelaron importantes hallazgos fiscales que reflejan serias irregularidades en la gestión de los recursos públicos.

Contraloría General detecta irregularidades en el manejo de recursos públicos por $47.261 millones

La investigación, llevada a cabo por la Delegada para el Sector Inclusión Social, arrojó un total de $47.261 millones en presuntas pérdidas patrimoniales, las cuales afectan directamente al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y, en particular, al Fondo Emprender y varios contratos vinculados a la prestación de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

Contraloría General detecta irregularidades en el manejo de recursos públicos por $47.261 millones
Foto: Redes

Uno de los casos más relevantes corresponde a un detrimento patrimonial por la suma de $43.660 millones, derivado de la revocatoria de un proceso licitatorio para la prestación de servicios TIC. A pesar de que el proceso ya había avanzado y se había habilitado una oferta viable para adjudicar y suscribir el contrato correspondiente, el SENA optó por un procedimiento de urgencia manifiesta.

Esta decisión, considerada por la Contraloría como «una gestión fiscal antieconómica», permitió que se prolongara un contrato interadministrativo con la empresa Colombia Telecomunicaciones por un valor total de $210.228 millones.

Este contrato, que tenía como objetivo asegurar la continuidad de los servicios TIC en todas las sedes del SENA, fue suscrito con un plazo de ejecución de cinco meses, desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2023.

Sin embargo, los pagos realizados bajo este contrato superaron significativamente los valores previstos en el proceso licitatorio inicialmente revocado, lo que generó un daño a las finanzas públicas.

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Este hallazgo se ve acompañado por otros $45.733 millones que fueron identificados como un nuevo detrimento patrimonial en contratos relacionados con una primera declaratoria de urgencia manifiesta.

Estos hallazgos surgieron de varias denuncias atendidas por la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría delegada para el sector Inclusión Social, que evidenciaron irregularidades adicionales en el manejo de los recursos para la ejecución de los proyectos.

La Contraloría considera que el uso repetido de la figura de «urgencia manifiesta» en estos contratos podría haber afectado la correcta ejecución de los proyectos y comprometido la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El Fondo Emprender, un programa clave para el apoyo a emprendedores en Colombia, también fue objeto de críticas. La auditoría detectó pérdidas por $3.601 millones debido a la falta de diligencia en la recuperación de cartera relacionada con los proyectos que no lograron la condonación de sus recursos.

En este esquema, los emprendedores beneficiados por el fondo deben devolver los recursos asignados si no cumplen con las condiciones pactadas en los contratos. Sin embargo, la Contraloría encontró una deficiente administración y recuperación de estos fondos, lo que resultó en una pérdida significativa para el Estado.

Además de este problema de cartera, la auditoría también señaló debilidades en la formulación y seguimiento de los proyectos financiados a través del Fondo Emprender. Entre los problemas identificados se incluyen incumplimientos tanto técnicos como jurídicos, demoras en la expedición de resoluciones de planes condonados y fallas en la suscripción de contratos fiduciarios. Estos errores administrativos ponen en riesgo la efectividad de las políticas públicas orientadas al fomento de la innovación y el emprendimiento en el país.

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Irregularidades administrativas y posibles sanciones

En total, la Contraloría General identificó 16 hallazgos administrativos, de los cuales todos se consideran con presunta incidencia disciplinaria. De estos, dos se clasificaron con incidencia fiscal, sumando un total de $47.261 millones en posibles daños a las finanzas públicas. Esta situación pone en evidencia serios problemas en la gestión de recursos públicos y abre la puerta a sanciones para los responsables de estas irregularidades.

La Contraloría señaló que las investigaciones continúan y que, en función de los hallazg

Contraloría General detecta irregularidades en el manejo de recursos públicos por $47.261 millones
Foto: Redes

os, podrían tomarse acciones disciplinarias y fiscales adicionales. Se espera que en los próximos meses se tomen decisiones que busquen corregir estas irregularidades y evitar futuros daños al patrimonio público.

Este caso ha generado preocupación entre los ciudadanos y la opinión pública, quienes esperan que las autoridades correspondientes actúen con firmeza para garantizar la correcta administración de los recursos del Estado y la transparencia en la ejecución de los proyectos públicos.

La Contraloría, por su parte, reiteró su compromiso de velar por la correcta utilización de los recursos destinados al bienestar social y el desarrollo del país.

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