El hecho: Abelardo de la Espriella pidió a la Procuraduría vigilar de forma preventiva varios procesos de contratación de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
¿Por qué es importante?: La solicitud busca garantizar la transparencia en contrataciones relacionadas con los esquemas de seguridad del nuevo Gobierno y el uso de recursos públicos.
¿Cuál es el contexto?: El gobierno entrante expresó preocupación por procesos contractuales que avanzarían antes del cambio de administración, limitando su revisión.
¿A quiénes afecta y cómo?: A la UNP, al gobierno entrante y a los beneficiarios de los esquemas de protección, ya que las decisiones podrían impactar la contratación y prestación del servicio.
El dato que no se puede perder: De la Espriella pidió evaluar la suspensión preventiva de algunos procesos mientras su administración revisa los contratos y sus condiciones.
El presidente electo Abelardo de la Espriella ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, solicitar formalmente a la Procuraduría General de la Nación que ejerza vigilancia preventiva sobre varios procesos adelantados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que involucran asuntos sensibles para la seguridad del Estado y la correcta administración de los recursos públicos.
El gobierno entrante informó que la solicitud fue dirigida al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, con el propósito de que el Ministerio Público intervenga de manera preventiva en decisiones que impactan la protección del presidente que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, su gabinete ministerial y miles de beneficiarios de los esquemas de seguridad de la entidad.
Según el comunicado, el contrato estaría previsto antes del cambio de gobierno, lo que impediría a la administración entrante revisar aspectos como los perfiles, la experiencia y la idoneidad de quienes asumirán la protección del presidente y sus ministros.
Por ello, solicitó a la Procuraduría evaluar la conveniencia de suspender preventivamente el proceso mientras el nuevo gobierno analiza la contratación.
La petición también incluye vigilancia sobre el proceso SC-UNP-050-2026, destinado a la compra de 188 botes y 264 motores fuera de borda para 29 municipios de nueve departamentos, así como sobre seis procesos de contratación relacionados con la adquisición de bienes para medidas colectivas de protección dirigidas a resguardos indígenas.
El gobierno electo pidió revisar los estudios previos, la planeación, las especificaciones técnicas y las condiciones de competencia de estos procesos para garantizar transparencia, libre concurrencia y una adecuada utilización de los recursos públicos.
Finalmente, De la Espriella afirmó que la transición entre gobiernos debe desarrollarse con pleno respeto por la institucionalidad y sostuvo que la intervención preventiva de la Procuraduría contribuiría a fortalecer la confianza en estos procesos.
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