El Gobierno de Abelardo De La Espriella avanza en la elaboración de un nuevo estatuto antiterrorista que será presentado ante el Congreso de la República. La propuesta busca crear herramientas jurídicas para fortalecer la respuesta del Estado frente a organizaciones criminales señaladas de desarrollar acciones violentas y afectar la capacidad institucional en diferentes territorios del país.
El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en una entrevista en Mañasna Blu, quien explicó que la iniciativa surge en medio del análisis que adelantan las autoridades sobre varios hechos violentos registrados recientemente, entre ellos los incendios reportados en municipios del Tolima.
Gobierno busca definir legalmente qué es una organización terrorista
De acuerdo con el funcionario, el Gobierno ha identificado elementos que podrían indicar que algunos de estos incendios fueron provocados de manera intencional. Entre los aspectos bajo investigación se encuentra el supuesto uso de acelerantes, información que, según Lara, habría sido respaldada por la Dirección Nacional de Bomberos a partir de sus análisis técnicos.
A esto se suman testimonios recopilados por las autoridades y reportes sobre la presencia de hombres en motocicleta en zonas donde posteriormente se presentaron emergencias. El Gobierno también analiza posibles coincidencias entre estos incendios y hechos violentos atribuidos a disidencias de las FARC que tienen presencia en el sur del Tolima.
Uno de los principales componentes del proyecto sería establecer una definición jurídica específica de las organizaciones terroristas. Según explicó Lara, aunque el Código Penal colombiano contempla el delito de terrorismo, actualmente no existe un mecanismo equivalente para determinar legalmente qué organización puede ser considerada terrorista.
La propuesta pretende solucionar ese vacío mediante un sistema de clasificación que permita incluir determinadas organizaciones en una lista, pero bajo condiciones fijadas previamente por la ley.
El ministro enfatizó que la eventual inclusión de un grupo no dependería exclusivamente de una decisión política del Gobierno. El proyecto deberá establecer los criterios, procedimientos y autoridades encargadas de tomar esas determinaciones.
Además, la iniciativa deberá contemplar garantías para las personas u organizaciones que sean objeto de una eventual inclusión. Esto implicaría mecanismos relacionados con el debido proceso y el derecho a la defensa, aspectos que deberán ser discutidos durante el trámite legislativo.
El proyecto aún debe pasar por el Congreso
El estatuto todavía se encuentra en etapa de elaboración y no ha sido aprobado. Una vez el Gobierno presente el proyecto, corresponderá al Congreso estudiar su contenido, introducir las modificaciones que considere necesarias y decidir si finalmente se convierte en ley.
Por ahora, el Ejecutivo sostiene que la iniciativa responde a la necesidad de contar con instrumentos adicionales frente a estructuras criminales que, según las autoridades, estarían utilizando diferentes métodos para generar violencia y afectar la capacidad de reacción estatal.
La discusión en el Legislativo también abrirá un debate sobre los límites de las nuevas herramientas contra el terrorismo, las garantías judiciales y los criterios que deberán utilizarse para determinar qué organizaciones podrían quedar incluidas en una eventual lista.
La propuesta se convierte así en una de las apuestas del Gobierno en materia de seguridad y deberá superar el debate parlamentario antes de entrar en vigencia.
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