Este es el acuerdo entre el Gobierno y empresas de energía para la reducción de las tarifas de energía en la Costa Caribe

Las tarifas de energía en la Costa Caribe, significativamente más altas que en otras regiones, disminuirán gracias a un acuerdo en el que el Gobierno asumirá la deuda de la opción tarifaria para estratos 1, 2 y 3.

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Las tarifas de energía en la Costa Caribe, notablemente superiores a las de otras regiones del país, han sido objeto de discusión en recientes reuniones entre el Gobierno, gobernadores de la región y empresas del sector energético. Estas tarifas elevadas se deben, en gran parte, al costo de la opción tarifaria que se congeló durante la pandemia. Para abordar esta problemática, se ha alcanzado un acuerdo histórico: el Estado asumirá el compromiso financiero de esta deuda, beneficiando a miles de usuarios de estratos 1, 2 y 3.

El acuerdo incluye la creación de mecanismos para que el saldo de la deuda de la opción tarifaria sea absorbido por la Nación. Esta medida será presentada ante el Congreso el próximo 20 de julio. Mientras tanto, se establecerán líneas de crédito con entidades como Findeter, que desembolsará los montos adeudados a las empresas de energía. Estas líneas de crédito tendrán tasas de interés compensadas y períodos de gracia de hasta 12 meses.

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Findeter ha dispuesto recursos por un billón de pesos para 26 generadoras atrapadas en esta deuda, con otro billón adicional disponible mediante decreto del Ministerio de Hacienda. En total, Findeter financiará dos de los 2,7 billones de pesos necesarios para cubrir la opción tarifaria de los estratos más vulnerables. «Así las cosas, Findeter financiará 2 billones de los 2,7 billones que vale esta opción de los estratos 1, 2 y 3, que es lo que el Gobierno se comprometió a recoger como deuda de la Nación», señaló Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter.

Las empresas del Grupo EPM, incluyendo Caribemar – Afinia, Central Hidroeléctrica de Caldas, y Centrales Eléctricas de Norte de Santander, entre otras, han indicado que la aplicación de este beneficio está sujeta al cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno. Esto incluye la tramitación de un proyecto de ley que permita la apropiación presupuestal de los recursos necesarios para cubrir, como un subsidio de la Nación, el costo de la opción tarifaria.

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El gremio de comercializadores y distribuidores de energía, Codisgen, celebró este acuerdo, considerándolo un gran logro que llevará a una reducción inmediata de las tarifas. Sin embargo, la directora de Codisgen, Yulieth Porras, advirtió que «para que esta solución sea estructural y permanezca en el tiempo, seguiremos insistiendo en que es necesario que se consolide la propuesta que permita que las entreguen energía a precios justos para los sectores más vulnerables del país».

Por qué es importante: Este acuerdo es crucial porque aborda la desigualdad en las tarifas de energía, un problema persistente en la Costa Caribe. La región ha sufrido tarifas más altas que otras partes del país, afectando principalmente a los hogares de bajos ingresos. Con esta medida, se busca aliviar la carga financiera sobre los estratos 1, 2 y 3, mejorando su acceso a un servicio básico esencial.

Además, la medida representa un paso significativo hacia la equidad social, asegurando que las familias más vulnerables no se vean desproporcionadamente afectadas por costos elevados de energía. Este compromiso estatal no solo promete un alivio inmediato, sino que también sienta las bases para una solución estructural a largo plazo.

Compromiso del Gobierno para reducir tarifas de energía en la Costa Caribe

Compromiso del Gobierno para reducir tarifas de energía en la Costa Caribe
Foto: Redes sociales

Detalles: El acuerdo se presentará al Congreso el próximo 20 de julio. Hasta entonces, se establecerán líneas de crédito con entidades como Findeter, que desembolsará los montos adeudados a las empresas de energía. Estas líneas de crédito tendrán tasas de interés compensadas y períodos de gracia de hasta 12 meses. Findeter ha dispuesto recursos por un billón de pesos para 26 generadoras atrapadas en esta deuda, con otro billón adicional disponible mediante decreto del Ministerio de Hacienda.

Findeter financiará dos de los 2,7 billones de pesos necesarios para cubrir la opción tarifaria de los estratos más vulnerables. «Así las cosas, Findeter financiará 2 billones de los 2,7 billones que vale esta opción de los estratos 1, 2 y 3, que es lo que el Gobierno se comprometió a recoger como deuda de la Nación», señaló Juan Carlos Muñiz, presidente de Findeter.

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Contexto: Las tarifas de energía en la Costa Caribe han sido una fuente de controversia y protesta durante años. La congelación de la opción tarifaria durante la pandemia exacerbó esta situación, creando una deuda significativa para los usuarios de bajos ingresos. Este nuevo acuerdo es el resultado de numerosas negociaciones entre el Gobierno, gobernadores de la región y empresas del sector energético.

Las empresas del Grupo EPM, incluyendo Caribemar – Afinia, Central Hidroeléctrica de Caldas, y Centrales Eléctricas de Norte de Santander, entre otras, han estado esperando una solución que les permita aplicar beneficios a los usuarios sin poner en riesgo su sostenibilidad financiera. La tramitación de un proyecto de ley que permita la apropiación presupuestal de los recursos es un paso esencial en este proceso.

Panorama general: El compromiso de disminuir las tarifas se llevará a cabo en proporción a los créditos desembolsados por la banca pública. Para que los comercializadores disminuyan el costo de la opción tarifaria, se deberá expedir una normativa por parte del Ministerio de Minas y Energía y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Esta normativa deberá diferenciar el costo de la opción tarifaria para usuarios de estratos 1, 2 y 3, y otros usuarios de estratos más altos, además del comercio, la industria y el sector oficial.

Este acuerdo no solo promete un alivio inmediato en las tarifas de energía, sino que también establece un precedente para futuras políticas de subsidio y equidad en el acceso a servicios públicos. La medida es vista como un avance significativo hacia la justicia social y la reducción de la pobreza energética en la región.

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