El Gobierno nacional endureció su postura frente al sistema de salud tras la caída del decreto 182 de 2026, norma con la que buscaba reorganizar a los afiliados de las EPS. En un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro fue enfático: las entidades promotoras de salud que estén en quiebra deberán ser liquidadas, una decisión que marca un nuevo punto de tensión en medio de la crisis del sector.
La declaración se produjo luego de que un tribunal tumbara el decreto que permitía redistribuir usuarios entre EPS intervenidas y no intervenidas. Según el mandatario, esta herramienta era clave para mejorar la eficiencia del sistema, acercar a los pacientes a sus redes de atención y avanzar en la implementación de un modelo preventivo. Su caída, sostuvo, eliminó una de las pocas alternativas operativas que tenía el Ejecutivo para reorganizar el aseguramiento en salud.
Gobierno plantea liquidar EPS quebradas y redefine el rumbo del sistema de salud en Colombia
Durante su intervención, Petro insistió en que el problema central no es la atención médica, sino la situación financiera de las EPS. “Están quebradas”, reiteró, al referirse tanto a las entidades intervenidas como a las que continúan operando sin medidas especiales. En ese contexto, aseguró que el Estado no seguirá asumiendo las deudas de estas organizaciones ni respaldando un modelo que, en su concepto, colapsó.
La instrucción más directa fue dirigida a los ministerios de Hacienda y Salud, a los que ordenó proceder con la liquidación de todas las EPS en quiebra. Según explicó, el Gobierno se quedó sin alternativas tras el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso y la anulación del decreto. Esto, advirtió, podría derivar en un escenario complejo si los afiliados de entidades liquidadas no pueden ser trasladados fácilmente a otras aseguradoras.
El presidente calificó esta situación como una “catástrofe de las EPS, no de la salud”, diferenciando entre la crisis de las entidades y la prestación del servicio a los ciudadanos. En esa línea, defendió el modelo preventivo impulsado por su administración, al que atribuyó mejoras en indicadores como la mortalidad, especialmente en zonas apartadas del país donde, según dijo, se ha ampliado la presencia de personal médico.
En paralelo, Petro anunció que la reforma a la salud será presentada nuevamente el próximo 20 de julio, aunque dejó claro que las decisiones sobre las EPS no dependerán de ese trámite legislativo. Para el mandatario, el deterioro del sistema responde a un modelo de intermediación que considera fallido desde su origen.
Otro de los puntos centrales fue la situación de la Nueva EPS. El jefe de Estado dio instrucciones para que el Gobierno realice los pagos que, según afirmó, le adeuda a esta entidad, con el fin de evitar que entre en causal de liquidación. Además, ordenó avanzar en procesos como la compra de medicamentos mediante subastas, cuestionando la gestión de algunos interventores.
El panorama financiero del sector refuerza las preocupaciones. Datos recientes evidencian altos niveles de endeudamiento en varias EPS, con pasivos que superan ampliamente sus activos. A esto se suman pérdidas operacionales significativas y patrimonios negativos que reflejan un deterioro estructural del sistema acutal.
En conjunto, las declaraciones del presidente delinean una hoja de ruta que combina decisiones administrativas inmediatas con la intención de reabrir el debate legislativo. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de las EPS y la sostenibilidad del modelo de aseguramiento sigue marcando el rumbo del sistema de salud en Colombia.